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Propuestas para Colombia

Propuesta de empleo juvenil

Índice

1. El desempleo juvenil, un problema estructural agravado por la pandemia

2. Elementos adicionales del diagnóstico

3. Los retos

3.1 Programa de empleo de emergencia

3.2 Programas de mediano y largo plazo

3.3 El SENA

El desempleo juvenil es uno de los retos más importantes para muchos países, Colombia no es la excepción. En Colombia, los jóvenes sufren el flagelo del desempleo en un porcentaje considerablemente mayor que el resto de los colombianos, y si son mujeres jóvenes, la situación es incluso más alarmante.

Los jóvenes expresaron la preocupación frente a la falta de oportunidades y al desempleo en varias de las últimas encuestas en las que se les preguntó sobre las causas de las protestas y los sentimientos frente al paro. La incertidumbre y la sensación de “no-futuro” surge, en gran parte, por la falta de empleo.

Este documento plantea unas ideas de un plan integral para enfrentar este problema con el fin de generar oportunidades de empleo para los jóvenes en Colombia. Esta propuesta busca ser un punto de partida de una discusión más amplia que sirva para escuchar las voces, perspectivas y propuestas de diferentes actores de la sociedad que nos ayuden a mejorar esta propuesta y colectivamente construir un mejor futuro para los jóvenes colombianos.

El país debe urgentemente brindar oportunidades a los jóvenes, y entre éstas, la más importante es el empleo, entendido en un sentido amplio. Es decir, puede ser empleo a través de un empleador en una empresa establecida, pero también autoempleo producto de emprendimientos con potencial de crecimiento.

Un país de oportunidades es un país dónde el trabajo dignifica, en dónde el trabajo permite a las personas crecer en términos personales y profesionales, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, sentirse útiles en la sociedad y partícipes de algo que los trasciende a ellos, ser autosuficientes y tener agencia para vivir una vida que consideren digna de ser vivida.

Es claro, además, que una política activa de empleo debe entenderse en el sentido amplio de las oportunidades. Somos, desafortunadamente, uno de los países más desiguales del mundo, y la pobreza, que había descendido paulatinamente, creció vertiginosamente con la pandemia, perdiendo cerca de una década del esfuerzo que se había hecho. Por eso, debemos concentrarnos en construir no solo este país de oportunidades, sino también un país que redistribuye y que lucha por disminuir la dolorosa desigualdad.

Las políticas de subsidios contra la pobreza lograron, hasta antes de la pandemia, reducir paulatinamente la pobreza. Hoy el desafío es aun mayor. Es necesario fortalecer las políticas contra la pobreza y gran parte de la política pública debe enfocarse en crear empleo formal.

Los empleos formales, sostenibles en el tiempo, pueden ayudar a las personas a salir de la pobreza. Con más trabajadores y más productividad es posible pasar de un círculo vicioso en el cual los jóvenes no son contratados y las empresas no crecen porque no tienen los trabajadores adecuados a un círculo virtuoso en el cual los jóvenes contratados ayudan a crecer a las empresas. Puede darse un aumento de productividad mayores remuneraciones, calidad de vida, reducción de vulnerabilidad y desigualdad, entre otros. De esta manera se puede dar un crecimiento económico con oportunidades que ayude a disminuir la desigualdad del ingreso en nuestro país.

Por esto, uno de los grandes focos de una política pública de creación de empleo formal debe ser la educación y, dentro de ésta, la Formación para el Trabajo, la cual debe ser pertinente, y con calidad. Es decir, debe responder a las necesidades de las empresas, y contar con jóvenes que respondan a estas necesidades. Inclusive, con el emprendimiento, en el cual la creación de empresas por los jóvenes debe poder insertarse en el aparato productivo de las regiones.

Es importante mencionar que el Estado cuenta con recursos y ha planteado políticas, pero se han quedado en el papel. Por ejemplo, Colombia es de los países en América Latina que más plata destina a la Formación para el Trabajo, pero en dónde los trabajadores son menos productivos. Además, las empresas muchas veces no consiguen los trabajadores con las habilidades y competencias necesarias para llenar sus vacantes. Es decir, recursos sí hay, pero es necesario re-direccionarlos para lograr el objetivo de esta política: generar nuevos empleos formales para los jóvenes. Es importante mencionar que el enfoque no puede estar únicamente basado en los empleadores sino también en los trabajadores, en sus necesidades, dificultades y aspiraciones.

El Estado también puede ayudar con políticas que tienen efectos de corto plazo, como subsidios en las cotizaciones de la seguridad social, o subsidios a la nómina para nuevos empleos de jóvenes (sin remplazar trabajadores antiguos por trabajadores nuevos). Ahora bien, aunque en el corto plazo estas políticas pueden tener efectos positivos, en el mediano plazo es necesario aumentar la productividad porque si en algún momento se elimina el subsidio, y los trabajadores no son productivos, el empleo se puede perder. Las empresas no pueden pagar a pérdida. Profundizar políticas como las pasantías en el sector público con metas específicas de empleo juvenil, ayudarían también a romper las barreas de falta de experiencia de los jóvenes para conseguir empleos.

Existe una institucionalidad importante para desarrollar este programa, pero debe contarse con plena voluntad política para generar nuevos empleos para los jóvenes. El SENA es “la joya de la corona”, y debe revisarse la pertinencia y calidad de sus programas. La tasa de desempleo de jóvenes técnicos y tecnólogos es muy alta. Una pregunta importante es si la mayoría de los jóvenes técnicos y tecnólogos han sido preparados para contribuir a lo que necesitan las empresas, desde puestos de trabajo, o desde sus propias empresas (emprendimiento). También es necesario fortalecer el Servicio Público de Empleo y otros mecanismos de intermediación laboral para guiar a los jóvenes en la consecución de empleo. Más importante aún, el Estado, como garante de última instancia en esta crisis, debe diseñar rápidamente programas de empleo de emergencia.  

Ahora, bien, la solución al desempleo debe tener también un componente local. Cada departamento, ciudad y región tiene un aparato productivo diferente, empresas diferentes y, por consiguiente, necesidades de mercado laboral diferentes. No es lo mismo lo que se produce en Neiva que lo que se produce en Valledupar, en Sincelejo o en Medellín. Es decir, dentro del Estado, las autoridades locales tienen que jugar un papel mucho más protagónico. Más adelante en este documento explicamos que el problema no es un tema de falta de recursos ni de burocracia, sino de coordinación.

Localmente existen otras instituciones que pueden aportar a la puesta en marcha de esta política. Por ejemplo, las cajas de compensación, que son del orden departamental, y que tienen relación con las empresas formales y centros de empleo como parte del Servicio de Empleo, y las cámaras de comercio, que apoyan a las empresas y al emprendimiento.

Otros que pueden poner en esta construcción son las empresas. Conocer sus necesidades y las vacantes que tienen, en el corto plazo y en el mediano plazo, es importante para adecuar la formación de los jóvenes a esas necesidades. Por ejemplo, la formación dual, es decir, los jóvenes recibiendo formación teórica en los centros de formación y formación práctica en las mismas empresas y buscando que los mejores queden enganchados en el empleo, es parte de la contribución de los empresarios a esta política. 

A continuación, presentamos un diagnóstico de la realidad de los jóvenes, y un análisis para diseñar la política.

1. El desempleo juvenil, un problema estructural agravado por la pandemia

Uno de los golpes más duros que la pandemia le dio a Colombia fue el incremento en el desempleo. La pandemia destruyó alrededor de 2,4 millones de empleos. La tasa anual de desempleo creció de 10,5% en el 2019 a 15,9% en el 2020 y 15,1% en abril del 2021. El golpe es más fuerte si se suman las personas que pasaron a la inactividad: 1,8 millones de personas. El impacto es enorme: 4,2 millones de personas vieron afectado su empleo.

Los grupos más afectados fueron las mujeres y los jóvenes. Sus tasas de desempleo llegaron a 20,4% y 24,2% respectivamente en el 2020. Es decir, un poco más 1 de cada 5 mujeres que participan en el mercado laboral están desempleadas, y casi 1 de cada 4 jóvenes están desempleados. La mezcla es explosiva: la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó el 30,1% en el 2020 en comparación con la de los hombres que fue de 18,7%. Para el trimestre febrero – abril de 2021, la tasa de desempleo juvenil se mantiene en 23,1%.

El problema del desempleo juvenil no es nuevo. Los jóvenes siempre han estado más afectados por el desempleo. Es decir, es un problema estructural. En el 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo total fue de 10,5%, pero la de los jóvenes alcanzó 17,8%, y para el período 2008-2019 el desempleo juvenil en promedio fue 17,6%. Es decir, la pandemia no creó un problema nuevo; profundizó un problema que ya era estructural y alarmante en Colombia. El siguiente gráfico muestra la evolución del desempleo juvenil en Colombia, que desde el 2008 ha afectado a más de un millón de jóvenes por año, y que con la crisis se exacerbó.

Dentro de los jóvenes está la categoría de los denominados “NINI”, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Las últimas cifras disponibles de 2019 indican que 26,1% de la población entre 18 y 28 años ni estudia ni trabaja. Por género, 14,8% de los hombres y 37% de las mujeres estaban en esa situación. La pandemia exacerbó esta problemática, en mayo-junio 2020 el porcentaje de la población joven (14-28 años) no ocupada y que no asiste a un plantel educativo había subido a 33% (23% de los hombres y 42% de las mujeres).

Estos datos confirman lo que los jóvenes manifestaron en las encuestas que se hicieron recientemente sobre sus sentimientos y expectativas respecto al paro nacional. En la encuesta del CNC, a la pregunta “¿cuál cree que deberían ser los tres temas más urgentes que el gobierno debería resolver?”, en primer lugar, está el empleo para los jóvenes (seguido muy de cerca por disminuir la pobreza). Por su parte, en la encuesta de Cifras y Conceptos, a la pregunta: “¿cuáles son los cinco principales problemas que afectan al país?”, el 73% de los jóvenes respondieron que el primero es la falta de empleo.

Por eso, es urgente diseñar un programa de empleo para jóvenes. Un programa que sea efectivo, y que cuente con la voluntad política para llevarlo a cabo. Un programa que sea integral, que se enfoque en todos los jóvenes, pero con enfoques diferentes por grupos de jóvenes de acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, es diferente el tratamiento que debe recibir un joven profesional que está desempleado al que recibiría un joven que no ha culminado la educación media. Se trata de un programa que recupere los empleos destruidos y que genere incluso nuevos empleos, con el fin de reducir la tasa de desempleo juvenil de los niveles tan altos que estructuralmente ha tenido.

A continuación, proponemos, a partir de un entendimiento claro de la situación, y de unos enfoques novedosos para enfrentar un problema estructural, algunas ideas para enfrentar este reto. Tal como se mencionó previamente, estas ideas son un punto de partida para una discusión amplia en la que queremos escuchar diversas perspectivas, voces y propuestas.

2. Elementos adicionales del diagnóstico

El primer elemento que es necesario tener en cuenta es la importancia que tienen las profundas diferencias entre las regiones.  La tasa de desempleo juvenil es alta, pero varía por regiones y entre el sector urbano y el rural. La tasa de desempleo juvenil nacional fue 24,7% en el 2020, pero en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 28%, con una varianza regional grande. La diferencia entre la ciudad que más desempleo juvenil tiene y la que menos tiene es de casi 15 puntos porcentuales. Barranquilla, la de menor desempleo juvenil, tiene una tasa de desempleo juvenil de 22,7% e Ibagué, la de mayor desempleo juvenil, tiene una tasa que alcanza el 37,4%. De todas maneras 12 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas tienen en 2020 una tasa por encima del 30%. Incluso, ciudades como Ibagué y Neiva alcanzaron tasas de desempleo juvenil del 37,4% y 36,6% respectivamente. El siguiente gráfico muestra que entre ciudades hay una gran variabilidad en las tasas de desempleo y que en todas el desempleo creció el año pasado.

A esta diferencia de la tasa de desempleo regional debemos sumarle que cada región tiene un aparato productivo diferente; es decir, en Cali no se produce lo mismo que se produce en Villavicencio, en Neiva o en Tunja. Esto implica que, aunque la tasa de desempleo juvenil sea alta en todas las regiones, en cada región es probable que el mercado laboral necesite un joven con formación, competencias y habilidades diferentes. Por eso, el enfoque del programa de empleo juvenil debe incluir el componente regional.

Adicionalmente, una encuesta de Manpower mostró en el 2019 que el 54% de los empresarios no consiguen los trabajadores que necesitan en términos de cantidad, calidad y pertinencia. Esto implica que el programa debe tener como uno de los objetivos aumentar la productividad laboral y para esto es también necesario revisar y adecuar la formación para el trabajo, con pertinencia y calidad, buscando que los empresarios consigan el capital humano que requieren para sus empresas.

Un tercer elemento que se debe tener en cuenta es que en Colombia las reformas laborales que se han implementado se han enfocado en reducción de los costos laborales. Varios casos han demostrado que la reducción de costos laborales lo que logran es reducir la informalidad; no generar nuevos empleos. Por ejemplo, la reforma tributaria del 2012 creó el impuesto CREE para reducir los costos parafiscales del ICBF y el SENA para generar nuevos empleos formales. Y las evaluaciones muestran que esto logró reducir la informalidad, pero no la tasa de desempleo.

Una evaluación para América Latina muestra que reducir costos laborales ayuda a reducir la informalidad, pero no a generar nuevos empleos. Por eso, aunque la discusión de costos es muy importante, y en ésta debe incluirse, además de su reducción, la existencia de nuevos tipos de trabajo y de contratos, su importancia está en que ayuda a disminuir la informalidad, pero no la tasa de desempleo. Es importante resaltar que en varios países ya existe la categoría de trabajadores “autónomos”, que incluyen los de las plataformas tecnológicas, y el objetivo es la cobertura en seguridad social, aunque no se cuente con horarios fijos, aunque el ingreso sea volátil y varíe mes a mes.   

Un cuarto elemento para tener en cuenta es que Colombia cuenta con recursos para la formación para el trabajo. En una comparación hecha con Ecuador, Chile, México, Uruguay y Colombia, mientras que en el grupo de países mencionado previamente se destina a la formación para el trabajo el 0,06% del Producto Interno Bruto (PIB), en Colombia se destina el 0,34%. Esto se debe en parte porque el SENA recibía recursos del 2% del pago de nómina de todos los trabajadores formales, y ahora sus ingresos dependen de los ingresos del Presupuesto General de la Nación.

Un quinto elemento es que en Colombia se han hecho esfuerzos para generar empleo para los jóvenes, pero estos esfuerzos no han tenido resultados suficientemente satisfactorios. Ejemplo de estos son los documentos Conpes para  la consolidación del Sistema Nacional para la Formación para el Trabajo (SNFPT – Conpes Social 81 de 2004) y otro sobre lineamientos de la política pública para la generación de oportunidades para jóvenes (Conpes 173 de 2014), lo mismo que políticas activas de empleo como el Programa Jóvenes en Acción, creado en 2001 como parte de la Red de Apoyo Social (RAS) para enfrentar los efectos de la crisis económica de 1999, y su transformación en 2012, enfocado en los jóvenes en situación de pobreza y vulnerables, son intentos que han logrado efectos positivos, pero marginales. Esto puede ser señal, entre otras, de falta de voluntad política para implementar efectivamente los programas contra el desempleo de los jóvenes.

Un sexto y último punto se refiere a que en Colombia existe una institucionalidad del mercado laboral que puede usarse como soporte para desarrollar el programa de recuperación del empleo juvenil. Aunque el servicio de empleo es administrado desde el gobierno central, existen agencias de empleo regionales en las Cajas de Compensación y en varios municipios y gobernaciones. La Red de Prestadores de Servicios Públicos de Empleo que lidera el Ministerio de Trabajo también incluye la agencia pública de empleo del SENA, las agencias privadas y las bolsas de empleo operadas por instituciones de educación superior. El Servicio Público de Empleo puede ser la base para la búsqueda de empleo, atado a la formación. El SENA es la principal entidad de formación para el trabajo, y cuenta con recursos de manera continua.

Existen, además, de acuerdo con información del Ministerio de Educación, 3.995 centros de formación, aunque de estos solo 416 tienen certificado de calidad vigente (el 11,6%). Existen en varias regiones los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (ORMET) que analizan información del mercado de trabajo en cada región con un enfoque prospectivo. Es necesario fortalecer varias de estas instituciones, y añadir otras, como las cámaras de comercio, que tienen relación con los empresarios.  De todas maneras, existe una institucionalidad que debe funcionar como soporte del programa de empleo juvenil. Se trata de construir sobre lo positivo que se ha construido y mejorar en los aspectos frágiles o inexistentes.   

3. Los retos

Como se mostró, el desempleo juvenil es un problema estructural, que se vio agravado por la pandemia. Las cifras de enero-marzo del 2021 indican que en este momento hay cerca de 1,65 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años desempleados, 736 mil hombres y 918 mil mujeres[1].

Los principales efectos de la pandemia en los jóvenes se reflejan en:

è La interrupción de sus programas educativos o de formación

è La pérdida de empleo

è La quiebra de sus emprendimientos
è La caída de sus ingresos

è Una perspectiva incierta para encontrar una ocupación en el futuro

El gran reto es generar empleos formales para los jóvenes.  Es por esto que a continuación proponemos los pilares de lo que debería ser una estrategia para la creación de empleos formales para los jóvenes de Colombia.

3.1 Programa de empleo de emergencia:

En el corto plazo, desarrollar programas de empleo público dirigidos a los jóvenes. Actualmente deberían existir programas de empleo de emergencia para los jóvenes. Estos programas deberían ser regionales, con financiamiento nacional, tal como proponemos.

Prioridades en la generación de empleo. Los proyectos públicos de empleo de emergencia priorizan: (i) la generación de empleo formal de mano de obra no calificada y (ii) la creación de puestos de trabajo para mujeres, jóvenes, población afro e indígena. 

Actividades. Los proyectos deben ser desarrollados en actividades que promueven el desarrollo regional, la seguridad alimentaria del país, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y, en general, la construcción de capacidades regionales para la transformación social. Algunos ejemplos concretos:

  • Servicios sociales y comunitarios (salud pública, protección de niños y niñas y adultos mayores o atención psicosocial).
  • Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura local como escuelas, centros de salud, espacios públicos, parques, escenarios deportivos y culturales.
  • Construcción y reparación de vivienda en proyectos vecinales.
  • Reparación y mejoramiento de vías terciarias.
  • Programas con impacto rural relacionados con la expansión de cultivos locales y comunitarios.
  • Reforestación y protección de fuentes hídricas, protección de bosques, apoyo ecoturístico y restauración de ecosistemas.
  • Programas de formación académica que mejoran las calificaciones laborales de la población.
  • Orientación y mentoría prestada por profesionales capacitados, dirigida a jóvenes de su localidad para diseñar y acompañar su proyecto de vida educativo y ocupacional.
  • Operación de telecentros comunitarios para la alfabetización digital y transferencia de conocimientos, especialmente en zonas rurales apartadas.
  • Turismo a cielo abierto (camping, senderismo, avistamiento de aves, deportes extremos, patrimonial).

Papel de los municipios y departamentos. Una característica central del programa debe ser el protagonismo de los municipios y de los departamentos, que tienen responsabilidades explícitas en el diseño, articulación y ejecución, y el gobierno nacional apoya y se articula con el trabajo de las autoridades locales. Los proyectos serán seleccionados de acuerdo con criterios de priorización definidos a priori y que incluyen incentivos para que se contraten trabajadores de los grupos demográficos más afectados. La base inicial de proyectos se nutrirá de la priorización que ya han realizado los gobiernos territoriales para aportar a la reactivación, recuperación y el empleo en sus territorios.

¿Cómo se seleccionan los proyectos? El primer paso consiste en la asignación de los recursos a cada uno de los 32 departamentos y 23 ciudades y áreas metropolitanas. La asignación se hace en función del tamaño actual de su población desempleada. Una vez asignados los recursos, las gobernaciones abren una convocatoria pública para que los municipios, programas comunitarios, cajas de compensación, sector privado, entre otros presenten sus proyectos, diseñados a nivel municipal y con una formulación que debe atender los objetivos del programa y las características técnicas de los proyectos. La selección de los proyectos financiables estará luego a cargo de las gobernaciones de los departamentos. Estas clasificarán los proyectos presentados de acuerdo con los criterios de priorización. La Gobernación debe hacer la selección de manera totalmente pública y con el apoyo de un comité técnico en el que participan las universidades, las cámaras de comercio y asociaciones ciudadanas que ayudan a garantizar la transparencia y veeduría.

Presupuestos participativos. Es crucial señalar que el diseño de los proyectos se hace a través de presupuestos participativos de emergencia, que aseguran la participación activa y responsable de las comunidades. Son ellas las que mejor conocen sus necesidades y las que pueden velar por el manejo transparente de los recursos. Estos presupuestos participativos cuentan con el respaldo administrativo de las Gobernaciones y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en temas metodológicos y de estructuración financiera y contable. Asímismo, se promueve la vinculación de los y las jóvenes profesionales a este proceso. Se permite que pongan su formación educativa al servicio de sus municipios y departamentos, y que empiecen a participar desde temprano en las tareas de gestión pública que necesitan sus comunidades.

Transparencia. La transparencia en todo este proceso es fundamental: las gobernaciones harán seguimiento permanente a la ejecución con el apoyo del DNP. Todos los proyectos deben integrar un componente de lucha contra la corrupción con diferentes tipos de controles y mecanismos para compartir información sobre el programa. Los reportes de gestión deben ser públicos y se debe crear una plataforma en la que cada comunidad y cualquier ciudadano pueda hacerle seguimiento a los proyectos de cualquier municipio del país. Buena administración comunitaria aumenta la eficacia y el impacto social de los proyectos y les quita espacio a los corruptos. Será fundamental implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir los avances y logros de los proyectos, como también para implementar planes de mejora durante su gestión.

Formación y modernización empresarial. Adicionalmente, esta estrategia contempla un componente de formación pertinente y de calidad que permita potenciar no solo resultados de empleo a muy corto plazo. También incluye la modernización empresarial y para apuestas productivas estratégicas, de acuerdo con las prioridades de reactivación y recuperación regionales y nacionales.

3.2 Programas de mediano y largo plazo

Paralelamente, se avanzará en una estrategia que permita aumentar la productividad laboral en el mediano y largo plazo. Esta estrategia se basa en una formación posmedia pertinente y de calidad, de acuerdo con las necesidades presentes del sector empresarial, y las apuestas de desarrollo productivo regionales y nacionales. Será muy estratégico impulsar el Marco Nacional de Cualificaciones para integrar rutas de formación formal y no formal en la postmedia, propiciar la formación modular de corta duración que acredite la formación de competencias en cada curso para que las personas las vayan acumulando en la mochila de la empleabilidad. Adicionalmente, estas acreditaciones serán reconocidas cuando la persona opte por ingresar a programas de educación superior.

Otro tarea fundamental será la construcción de catálogos de perfiles profesionales sectoriales, como lo acaba de hacer el gremio de la construcción CAMACOL con los ministerios de educación y trabajo, para identificar aquellas ocupaciones del sector en las que necesita y se va a necesitar talento humano cualificado, lo que lleva a diseñar y mejorar programas curriculares más pertinentes en la formación.

Adicionalmente entre la población juvenil, existen miles de jóvenes urbanos y rurales mayores de 25 años que han adquirido algunas habilidades, destrezas y conocimientos de manera empírica, que pueden ser reconocidos y certificados a través del programa de certificación de competencias que lleva el SENA y que también puede hacerse por entidades autorizadas por dicha entidad. Esto puede facilitar el ingreso de estos jóvenes a oportunidades de trabajo formal al tener la capacidad de acreditar experiencia y habilidades que han adquirido a lo largo de la vida laboral.

Dadas las limitaciones del gobierno central para diseñar, gestionar e implementar una estrategia de estas dimensiones en cada uno de los municipios del país, esta será protagonizada esencialmente por actores locales, principalmente por las autoridades territoriales. Son estas autoridades las llamadas a conectar las demandas del sector empresarial con la oferta de formación, principalmente el SENA, y la otra institucionalidad existente: Servicio Público de Empleo, Cajas de Compensación, Cámaras de Comercio, Comisiones Regionales de Competitividad. El gobierno nacional participa de esta estrategia a través de financiación y acompañamiento técnico a las regiones. También es fundamental volver a la figura del Comité Regional o local de Empleo y Formación Profesional que trató de establecerse en los 90, bajo un marco de diálogo social entre autoridades departamentales/municipales, organizaciones empresariales, movimientos juveniles y centros de formación para el trabajo, entidades de apoyo al emprendimiento para pensar, diseñar, implementar y supervisar los proyectos estratégicos de promoción del empleo en el territorio.

El objetivo del programa es generar empleo formal para los jóvenes. Para el trimestre enero – marzo del 2021 1,65 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años estaban desocupados, con una tasa de desempleo de 23,9%. Para reducir esta tasa de desempleo a un rango entre el 10% y el 13%. Para cumplir esta meta es necesario generar alrededor de 690 mil empleos. Para contextualizar las capacidades para atender este número de jóvenes los datos del SENA muestran que para 2012 el SENA contó con 1.100.00 cupos de formación titulada y 7.950.000 cupos de formación complementaria, y hoy tiene un presupuesto de $3,8 billones de pesos. Y la agencia de servicio público de empleo del SENA tiene 18.000 vacantes.

Centrarse en la formación y la reconversión para invertir en las capacidades de los jóvenes. Este es uno de los enfoques centrales del programa. La formación para el trabajo de jóvenes con pertinencia y calidad es la herramienta de política pública para lo que los expertos llaman: transición escuela-trabajo. En un mundo cambiante, con prospectiva de nuevos tipos de empleo en el futuro, y con guías para identificar las demandas de los empresarios y qué competencias y habilidades son las más necesitadas por el aparato productivo. Por eso es necesario garantizar que las políticas y los sistemas de educación y formación respondan mejor a la demanda del mercado laboral en los sectores y ocupaciones en crecimiento en consonancia con los cambios tecnológicos y una fuerte recuperación económica. Una tarea que Colombia tiene pendiente basada en el enfoque de género, consiste en fomentar la formación de más mujeres jóvenes en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las STEM.

Adoptar un enfoque integrado para el empleo y las medidas de recuperación económica. Este enfoque es importante porque los jóvenes deben prepararse para los empleos actuales, pero también para los empleos futuros. Hoy existen empleos que hace 10 años no existían, como los de las plataformas, y en 10 años probablemente existirán empleos que hoy no existen. Una de las razones de esta prospectiva es la revolución tecnológica que está avanzando de manera acelerada, robotizando varios de los trabajos actuales, pero también generando nuevos empleos que necesitan nuevos tipos de formación del capital humano. A propósito la formación modular es una buena fórmula para promover la formación de talento humano joven en áreas de la cuarta revolución industrial (desarrolladores de aplicaciones, animación digital y video juegos, marketing digital, agricultura de precisión, producción musical y de sonido, realidad virtual y aumentada).

Adicionalmente, la pandemia acelerará varios procesos de cambio en las empresas. De hecho, ya aceleró algunos, como el teletrabajo. Por eso es necesario pensar en los trabajos del futuro, y preparar a los jóvenes en particular para esos trabajos del futuro. Para este reto, el papel del Ministerio de Trabajo y de los Observatoros regionales del mercado de trabajo ( ORMET), con especialistas del mercado laboral, es esencial. Es urgente que Colombia implemente un sistema nacional de prospección laboral en cabeza del Ministerio de Trabajo, en asocio con los ORMET y centros de educación superior en las regiones para identificar puestos de trabajo que vienen con los cambios de la época y de allí generar insumos estratégicos para el diseño de nuevas ofertas formativas.

Desarrollar un enfoque integral y específico para aplicar políticas activas del mercado laboral que repercutan sobre los jóvenes. Las políticas activas de empleo se refiere a aquellas que se realizan para reducir el desempleo. Entre éstas, las más importantes se refieren a mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Y esto se logra con una ruta de formación clara.

Existen otras, como los subsidios o la disminución de parafiscales para las empresas que contratan jóvenes. O las prácticas o pasantías para enfrentar una de las barreras que más enfrentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral: la necesidad de tener experiencia. La educación dual, con los jóvenes recibiendo  la formación teórica en los centros de formación y la formación práctica en las empresas puede ser una política activa más eficiente, pero puede ser complementada con pasantías en el sector público[2].  

También es importante resaltar que el programa se centra en todos los jóvenes, pero que se debe diferenciar algunas de las acciones por nivel educativo. Mientras que el desempleo afecta menos a los de poca educación y más a los jóvenes recién graduados de pregrado, la probabilidad de encontrar un empleo aumenta progresivamente con el aumentar en el nivel de estudio.  Puntos a ser tenidos en cuenta:

  • El empleo de los recién graduados debería ser estimulado con programas de pasantías/subsidio al enganche que les permita adaptarse al mercado de trabajo y obtener experiencia laboral
  • Los empleos de emergencia y los programas de formación para el trabajo deberían dirigirse a los jóvenes con hasta educación tecnológica
  • Para los jóvenes con solo hasta primaria, además de los empleos de emergencia y de la formación, podría pensarse en programas que faciliten su regreso al sistema educativo para completar (inicialmente) la educación secundaria. Para los que definitivamente quieren trabajar, facilitar y asesorar su entrada al servicio público de empleo para que encuentren trabajos que no exigen tantos requisitos formativos
  • Es necesario mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria ara que los jóvenes adquieran habilidades para leer y escribir bien, desarrollen el razonamiento abstracto y matemático y ojalá tuvieran alguna orientación profesional.
  • Los NINI deben ser abordados con políticas diferenciadas que, en el caso de los más jóvenes, fundamentalmente eviten su deserción escolar y, en el caso de las mujeres, que ofrezcan servicios de cuidado para sus hijos.   

El enfoque es regional. Como se menciona previamente, cada ciudad y cada región cuenta con un aparto productivo diferente, es decir, con unas necesidades de capital humano diferentes. El papel de cada uno de los actores:

Los empresarios o empleadores: Son las empresas las que indican qué tipo de capital humano necesitan, y las vacantes disponibles. Definen las competencias y habilidades que esperan. De esta manera se sabrá cuántas vacantes existen, para identificar cuántos empleos se pueden generar, y el tipo de formación. NOTA: aquí propongo que también se incluya a sectores de servicios sociales que como en salud y educación también demandan talento humano que en muchos casos es deficitario en cantidad y calidad. Igualmente propongo que se elaboren planes nacionales, regionales y locales de empleo derivado del plan de inversiones en infraestructura pública. Una buena experiencia la lideró el SENA para la intermediación de recursos humanos requeridos en la construcción de las autopistas 4G desde 2015.

Los centros de formación: Deben adaptar sus programas para cumplir con las necesidades de los empresarios. Entre los centros de formación, el más importante es el SENA, por su cobertura nacional y por su disponibilidad de recursos. El enfoque del SENA también es regional, respondiendo a las necesidades regionales. Por eso, una revisión del SENA y de su estructura organizacional es necesaria, respondiéndole al Consejo Directivo que es del orden nacional, pero también abordando lo local.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación conjuntamente diseñarán una campaña de acompañamiento a los centros de formación. Cómo se mostró previamente, solo el 11% está certificado, pero se cuenta con casi 4.000 centros de formación[3], que pueden jugar un papel fundamental en este programa.

El país cuenta con una oferta importante de Educación Superior, que incluye a la educación universitaria pero también a la formación Técnica Profesional y el Tecnólogo. Esta oferta tiene un papel central en el acceso, permanencia y calidad del empleo para los jóvenes[4]. Por lo mismo, es clave brindar oportunidades para que los jóvenes que incluyen alternativas para formarse en programas de educación superior.

Sin embargo, es clave que el Ministerio de Educación trabaje en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Comercio para que esta oferta gane en pertinencia. Así mismo, para que se cuente con oferta de formación complementaria que permita a sus egresados oportunidades concretas de profundización y actualización que faciliten su vinculación en el mercado laboral.

Las autoridades locales: El enfoque regional implica que son las autoridades locales -gobernaciones y alcaldías- las que deben jugar un papel protagónico, de coordinación entre las empresas, los centros de formación, y los beneficiarios: los jóvenes.

Dejar esta política de empleo en manos del gobierno central es un error. El gobierno central cuenta con algunas herramientas para regular el mercado laboral. Puede, por ejemplo, presentar al Congreso cambios en la legislación laboral, o, inclusive, reformas tributarias que reduzcan los costos laborales. Sin embargo, las necesidades de formación son locales, y exigirle al gobierno central que cuente con la información de cada región es un error.

Para las autoridades locales, el principal papel es de coordinación. Coordinación entre los diferentes actores a nivel local, particularmente empresas, centros de formación y jóvenes. Adicionalmente, en los municipios donde existen agencias de empleo local, que son administradas por el gobierno local, es importante el fortalecimiento de las agencias con el objetivo de acompañar a los jóvenes en la mentoría para elaborar su plan de vida y ocupacional y consecución de empleo, para formación en los casos en que no existan las vacantes o no cumplan con los requisitos de las solicitudes de las vacantes, o para el emprendimiento. El comité local de empleo hay que activarlo, así como existen los comités locales de gestión del riesgo y otros.

El trabajo de coordinación puede diseñarse sin la necesidad de crear secretarias de empleo o de trabajo. Las secretarias de desarrollo, o las secretarias en donde está asignada la agencia de empleo en los municipios donde éstas existen, pueden encargarse de la tarea.

Políticamente, esta coordinación puede ser beneficiosa para los gobernantes. Su acercamiento a empresarios y jóvenes ayudan a mantener un diálogo social, y se pueden lograr metas a nivel local de la problemática más importante que los jóvenes afirmaron que sufren: la falta de empleo.

También existen, otros actores locales que juegan un papel importante. Las cajas de compensación, que cuentan con agencias de empleo y que tienen contacto con todas las empresas formales de la región, y las cámaras de comercio, que tienen relacionamiento con los empresarios. Las cajas de compensación y las cámaras de comercio, de manera coordinada, pueden ayudar a identificar las vacantes y las necesidades de capital humano de las empresas, y las cajas, con sus agencias de empleo, apoyar a los jóvenes en la consecución de empleo, o en rutas de formación.

Las universidades regionales y los ORMETs juegan un papel fundamental de análisis del mercado laboral con perspectiva regional.  

El gobierno central: Como se mencionó previamente, la política de formación para el trabajo es netamente local. Sin embargo, el gobierno central puede jugar un papel protagónico en varios frentes:

  • Como se mencionó previamente, los Ministerios de Trabajo y de Educación deben diseñar una campaña de fortalecimiento y de certificación de los centros de formación.
  • A nivel legislativo si puede jugar un papel fundamental, fortaleciendo la educación dual, en la cual los jóvenes reciben la formación teórica en los centros de formación y la parte práctica en las empresas, acompañados inclusive por los instructores de los centros de formación, con el objetivo principal de que los mejores alumnos sean empleados. De esta manera, se engancha el joven directamente con el mercado laboral, y se ayuda a la empresa con trabajadores productivos.
  • Continuar desarrollando el Marco Nacional de Cualificaciones.
  • Desarrollar metodologías de prospectiva laboral que se utilicen en las regiones.
  • Más importante aún, el presupuesto.

Metas y Presupuesto: El objetivo del programa en el mediano plazo es reducir la tasa de desempleo juvenil a 10-13%, lo que implica generar alrededor de 690 mil empleos formales para jóvenes. De todas maneras, en la medida en que el programa avance al lado de la necesaria recuperación económica, esta cifra puede variar y es necesario hacerle un seguimiento continuo y replantear las metas y los presupuestos cuándo se considere necesario.

Presupuestalmente, la formación para el trabajo cuenta con recursos de la nómina que se entregan al SENA (el presupuesto del SENA para el 2021 es $ 3,8 billones), y recursos de las cajas de compensación destinados del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), que se financia con parafiscales recibidos por las cajas de compensación, y que en el 2020 fueron $ 856 mil millones de pesos.

Es necesario evaluar la efectividad en la ejecución y en los logros de los recursos con los que se cuenta, pero es claro que para enfrentar este problema y para un programa de esta envergadura es necesario contar con una mayor cantidad de recursos. Por esto, se propone una destinación inicial de $20 billones de pesos para desarrollar este programa en el mediano plazo, dedicados especialmente a la formación de los jóvenes, y en los casos de los jóvenes vulnerables, a su manutención.

Otros puntos importantes del programa:

Asistir a los jóvenes en la búsqueda de empleo. El servicio de empleo puede jugar un papel central en este reto, pero las guías deben venir también desde la educación, para guiar a los jóvenes hacia los empleos y los sectores con mayor potencial de crecimiento. Será vital avanzar hacia la ventanilla única del servicio de empleo, sensibilizando las/los jóvenes del país desde la etapa escolar para que registren su trayectoria su huella educativa – laboral a lo largo de la vida.

Apoyar a los jóvenes emprendedores. Una tendencia cada vez más creciente es el emprendimiento. Muchos jóvenes prefieren obtener sus ingresos por cuenta propia, a través de emprendimiento. Por eso, la ruta de los jóvenes debe ser empleo o emprendimiento productivo, emprendimientos sociales y con un futuro planeado. 

Revisar, adaptar y ampliar los programas de apoyo al empleo juvenil existentes, incrementando la cobertura. Como se indicó, en el país se han hecho esfuerzos y se han diseñado políticas y programas para enfrentar el desempleo juvenil. Por ejemplo, la Ley 1429 que es la ley de de formalización y generación de empleo, conocida como la Ley de Primer Empleo, el programa Jóvenes en Acción, y el programa 40 mil nuevos empleos. Es necesario revisar la efectividad y la escala de estos programas y políticas, continuar con las buenas prácticas que tuvieron efectos positivos, adaptar las prácticas que no fueron efectivas, y rediseñar la escala. La Ley de Primer Empleo, que financiaba  parte de los costos laborales al contratar jóvenes, tuvo efectos temporales, y el programa Jóvenes en Acción tuvo efectos positivos para aquellas personas que fueron preparadas para el componente habilidades para la vida, o habilidades blandas. Y para la formación modular en jóvenes adscrita al Marco Nacional de Cualificaciones se puede proponer el Jóvenes con Futuro por regiones, tal como se hizo en Medellín y en Antioquia.

Aunque el salario depende de la productividad, y con este programa se espera que los jóvenes, formados con la pertinencia y calidad necesaria para responder a las necesidades del aparato productivo sean solicitados por las empresas, y esto implique que en algún momento los salarios crezcan de acuerdo con su productividad, el programa debe garantizar que el salario es digno.

Adicionalmente, es necesario adecuar las instituciones del mercado laboral existentes. La más importante para la formación para el trabajo es el SENA, es necesario revisarla bajo el lente de la pertinencia frente a las necesidades del aparato productivo con un enfoque regional. El servicio de empleo para diseñar las rutas de empleabilidad o emprendimiento, incluyendo la formación para el trabajo, incluso tiene la tarea de avanzar rápidamente en su proyecto de incorporar procesos de inteligencia artificial para una mayor efectividad en la intermediación laboral entre buscadores de empleo y empleadores con vacantes. Sin embargo, la formación puede venir desde la educación media vocacional. Se deben fortalecer los centros de formación existentes, los mismo que los ORMET con técnicas de prospectiva laboral.

Por último, la estrategia también incluye el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación para garantizar la correspondencia entre los solicitantes de empleo y las vacantes disponibles mediante la ayuda en la búsqueda de empleo o la oferta de información; el entrenamiento/reentrenamiento de personas desempleadas, inactivas o que buscan un mejor trabajo; la certificación de competencias; la cualificación de las áreas de talento humano de las organizaciones y una mayor articulación entre la educación media y la postmedia.

3.3 El SENA

El SENA es un caso particular. Como se ha dicho, es la “joya de la corona” del sector público en cuanto a Formación para el Trabajo, pero debe revisarse y sus programas deben adaptarse para mejorar la pertinencia y calidad de sus programas con el objetivo de generar empleos formales y trabajadores productivos. Algunos de los puntos para tener en cuenta son los siguientes:

Calidad: 1) se deben construir objetivos de la calidad de la formación incluidos objetivos de acreditación para los 117 programas tecnológicos, 2) mejorar la cualificación, el entrenamiento, el bienestar y la estabilidad laboral de los instructores, 3) fortalecer las plataformas tecnológicas y la dotación de los centros de formación y sus laboratorios.

El SENA tiene la autonomía para crear y ofrecer sus propios programas de formación, sin que medie autorización de ninguna otra entidad. Esto significa que la obtención de registros calificados o la acreditación de alta calidad en sus programas es voluntaria. Tal y como recomienda la OCDE, los programas ofertados por la institución deberían estar sujetos a mecanismos de aseguramiento de calidad similares a los de otras instituciones de educación superior, pero respondiendo a las particularidades de diferentes tipos de formación (no debería ser lo mismo la acreditación de una TyT que la de formación para el trabajo, por ejemplo). En ese sentido, se propone avanzar en la creación de mecanismos expeditos e independientes de aseguramiento de calidad para aquellos programas de la entidad que no caigan bajo el paraguas de educación superior, mientras que se sigue avanzando en la acreditación de aquellos que se catalogan como de educación superior.

Cobertura: 1) Aumentar el número de estudiantes en formación titulada, sólo en los programas que demanden las regiones y las áreas de mejor prospectiva laboral en los próximos 10 años (como desarrollo de sistemas, análisis de datos, soporte de la nube y enfermería). El SENA podría aumentar su cobertura en 150 mil aprendices durante los próximos cuatro años, lo que equivale a 3 puntos de cobertura de todo el país. 2) Mejorar el bienestar de los estudiantes a través de apoyos para reducir la deserción.

Pertinencia: 1) Aumentar la empleabilidad de los egresados de formación titulada del 54 al 75%. 2) Avanzar en la revisión curricular de todos sus programas de forma articulada con el sistema de educación posmedia, basado en el Marco Nacional de Cualificaciones; 3) Lograr que la mayoría de los grupos de formación se hagan en grupos cerrados en formación dual con el sector productivo.

Continuar avanzando en la integración del SENA con el resto de la educación posmedia. Esto implica que el SENA avance de forma más contundente según las premisas de lo que sería un sistema terciario articulado, en especial en aquellos aspectos relacionados con la adopción de los catálogos de cualificaciones existentes y la definición de oferta con base en los mismos de acuerdo a las posibilidades que ofrezca cada tipo de formación,

Reformular la relación con el sector empresarial. Tal y como se ha planteado a lo largo de este documento, la formación para el trabajo debe ser pertinente y con calidad. Para esto, es necesario revisar la relación entre los centros de formación y los aparatos productivos regionales. Existen 85 mesas sectoriales, cuyo funcionamiento debe ser revisado con el objetivo último de preparar a a los jóvenes para llenar las vacantes de los empresarios con formación adecuada.

Transparencia y gobierno corporativo: 1) El SENA debe contar con un mecanismo de respuesta más claro a las necesidades de los aparatos productivos regionales. 2) Todos los nombramientos en el SENA se deben hacer sin palancas, buscando a los mejores instructores y personal administrativo, MUCHA VEEDURÍA 3) Los directores regionales, subdirectores de centros, y los cargos directivos de la dirección general deben cumplir con independencia política, vocación de servicio e idoneidad profesional, 4) El consejo directivo debe tener apoyo de perfiles expertos en formación para el trabajo que asesore la dirección de la entidad. 5) Condicionar el acceso del financiamiento. Los recursos anuales de la entidad no están condicionados a su desempeño en temas de eficiencia, calidad o pertinencia. Deberían establecerse criterios para condicionar el acceso a financiamiento de acuerdo con los niveles de deserción, valor agregado de los programas, vinculación laboral de sus egresados y articulación con el sector productivo.  

Recordemos que «el SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994).» No se puede perder esto de vista.


[1] Los datos provienen del DANE. Sin embargo, mientras que la tasa de desempleo de jóvenes se refiere a jóvenes entre 14 y 28 años, este número de desocupados se refiere a personas entre 10 y 24 años.

[2] Este programa lo implementó el actual gobierno, pero no existen hasta ahora datos de seguimiento ni de su efectividad. Se denomina Estado Joven. La información disponible muestra que para el segundo semestre del 2021 están abiertas 3.460 plazas.

[3] Técnicamente se refiere a las Instituciones de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano reportadas en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Ver https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Educacion-para-el-Trabajo/Sistema-de-Informacion-Para-el-Trabajo-y-Desarrollo-Humano-SIET/353023:Datos-SIET

[4] La diferencia en el ingreso promedio entre personas con formación secundaria y personas con formación superior es de 203%. Fuente FILCO, Ministerio de Trabajo 2018

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Propuestas de la Coalición de la Esperanza: contra la corrupción, por la inclusión y la igualdad de derechos

Recuperar la confianza en la democracia

I. Estado confiable: La confianza de la ciudadanía en las instituciones ha sido erosionada por la corrupción estructural del sistema político, la compra de votos y el clientelismo. Por eso hay que recuperar el papel protagónico de la ciudadanía en la política. No se lucha contra la corrupción con discursos sino con el ejemplo. Desde orillas distintas hay evidencia de que es posible hacer política limpia, tratar los recursos públicos como sagrados y someter las acciones y decisiones al escrutinio público y al control social. Recuperar la confianza en la democracia exige defender el acceso de toda la población a la política y a la toma de las decisiones institucionales, y convocar a participar, especialmente, a quienes nunca han ejercido su derecho al voto o han estado alejados de los mecanismos de participación ciudadana. Implica, también, hacer una reforma profunda a la política que pase por garantizar la independencia del Sistema Nacional Electoral, fortalecer la responsabilidad de los elegidos con sus electores, transformar el sistema de financiación de campañas y superar el clientelismo. Es el fortalecimiento del control de la ciudadanía a través de las veedurías, el escrutinio y el acceso a la información lo que permitirá garantizar transparencia, usar eficazmente los recursos públicos y luchar de manera efectiva contra la corrupción. Recuperar esta confianza pasa también por poner en marcha una reforma estructural a la justicia que asegure su celeridad, independencia y capacidad territorial.

II. Por un ejercicio libre de la democracia: Proteger la democracia de las tendencias autoritarias y de la concentración de poderes exige que sus reglas sean asumidas por toda la ciudadanía y, de manera especial, respetadas por quienes gobiernan. Esta coalición asume ese postulado. En este sentido, se asegurará la efectiva separación de poderes, la real independencia de los órganos de control, y el potenciamiento de la participación ciudadana y las veedurías. Las reglas de la democracia no se pueden someter a la orientación o a la agenda de una fuerza política particular, por lo que se debe garantizar que éstas no se alteren sobre la marcha para favorecer las aspiraciones e intereses de unos cuantos. Además, para garantizar que la democracia colombiana no esté a la medida de unos pocos, es fundamental proteger la libertad de prensa, la expresión crítica de la oposición y potenciar, de manera sustancial, la formación ciudadana de toda la sociedad. La democracia no debe ser nunca capturada por las fuerzas autoritarias que cierran las puertas a verdaderos diálogos.

III. Igualdad de derechos: Si bien en la Constitución está enunciada la igualdad de derechos, la realidad es que esta no se ha materializado. Esta coalición defenderá y garantizará los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas y no excluirá, discriminará ni estigmatizará a nadie por razones de género, etnia, pertenencia a poblaciones afrocolombianas, clase social, edad, opinión política o filosófica, religión, orientación sexual, identidad género, origen territorial, o nacionalidad, entre otras. Esto implica poner en marcha medidas concretas de acción afirmativa frente a estas poblaciones.

IV. Inclusión socio económica: Los privilegios del lugar y la familia en la que se nace, el estrato socio económico y la educación a la que se accede determinan en gran medida las oportunidades y el desarrollo social y económico. Esta coalición luchará contra toda discriminación y privilegiará la intervención pública en favor de la población y los territorios en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

V. Implica el reconocimiento de que las mujeres como ciudadanas autónomas, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, son sujetas plenas de todos los derechos y libertades, sin discriminación por ningún motivo, incluido el de orientación sexual o identidades de género diversas, y que por tanto deben tener las mismas oportunidades y disponer de un entorno que les permita conseguir la igualdad en la democracia, el desarrollo y la paz. En especial, esta coalición promoverá políticas y desarrollos institucionales para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos, la realización del derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres, niñas y adolescentes, superar las brechas económicas y sociales, garantizar su autonomía económica, asegurar el acceso igualitario al mercado laborar y a la tierra; reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, y romper las barreras invisibles en todos los espacios de la vida social, y en especial en la toma de decisiones públicas, avanzando de manera decidida hacia la paridad. Se promoverá la educación en la ética del cuidado; una vida libre de violencias, especialmente la intra-familiar; la garantía plena de la salud y los derechos sexuales y reproductivos; y la atención a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.

VI. Enfoque territorial: Colombia es un país de regiones y las políticas centralistas formuladas por el nivel nacional desconocen las realidades diversas de cada población, ciudad y territorio. Es sabido que cada región tiene distintas características, lógicas, necesidades y prioridades y para potenciarlas es prioritario profundizar la descentralización y la autonomía territorial, fortalecer y equilibrar las competencias, la capacidad fiscal y la adecuada financiación de los entes territoriales, y avanzar en la redefinición de la organización política y administrativa del país y en la democracia participativa. Se consultarán las especificidades locales y se promoverá la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. El cierre de brechas entre territorios es una tarea pendiente en Colombia y hasta que no se aborde debidamente, la desigualdad seguirá aumentando.

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Gracias por ayudarnos a mejorar el plan de empleo para jóvenes, recibimos más de mil aportes

Se van a completar cincuenta días desde que inició el paro nacional que volvió a llevar a millones de jóvenes a las calles a pedir por una mejor educación y empleos dignos, entre otras demandas relevantes. La pandemia, y la falta de respuestas del Gobierno, exacerbaron los reclamos de las y los jóvenes. 

Viendo esta compleja situación, no quisimos quedarnos en la crítica vacía, sino que nos pusimos a trabajar en una propuesta de empleo juvenil con nuestra mesa de expertos en economía. 

No queríamos publicar una propuesta sin antes escuchar a la gente. Por eso, iniciamos una conversación abierta y  pública, mediante una herramienta que permite construir el documento de forma colectiva.

Así, decidimos publicar el documento como un borrador editable y le pedimos a las personas, a través de nuestras redes, que durante cinco días lo leyeran, revisaran y comentaran. 

Acá pueden encontrar el ejercicio que llevamos a cabo en Twitter:

Recibimos más de mil comentarios

El documento fue visitado más de 5000 veces. Fueron muchas las personas que se tomaron el trabajo de revisar 17 páginas de texto y dieron aportes valiosos que sumaron más de mil comentarios y propuestas de cambio tanto de fondo como de forma.

Claro, uno que otro entró a insultar o a intentar dañar el documento, pero en general la respuesta fue constructiva.

Muchas gracias.

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Coalición de la Esperanza: bases programáticas

Colombia enfrenta la crisis más profunda de los últimos 100 años. Pero la gravedad de la pandemia no debe ocultar el hecho de que la situación anterior ya era muy precaria: el deterioro en la distribución del ingreso, el estancamiento de la producción nacional, la generalizada corrupción, la infraestructura insuficiente, el escaso acceso a los servicios de salud, la crisis de la educación pública y el mantenimiento de diversas formas de violencia. Estos grandes problemas del país, que no han sido atendidos por décadas, ahora se han agravado debido a la crisis económica, social y sanitaria por la pandemia del COVID-19, las políticas equivocadas y la falta de capacidad y liderazgo del Gobierno.

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La administración actual ha privilegiado los intereses de unos grupos y sectores particulares poderosos y ha implementado una política tributaria regresiva, mientras campean la pobreza y el desempleo, en particular de los jóvenes y las mujeres. Ha concentrado el poder capturando todas las ramas del poder público y ha tenido una política internacional errática. Ha hecho un manejo de la pandemia poco transparente, lento e ineficiente, con pocas ayudas a los sectores vulnerables. Ha fracasado en su política de guerra contra las drogas, ha cuestionado y no ha implementado el Acuerdo de Paz y no ha detenido el asesinato de líderes sociales. Además, ha desprotegido la producción agraria e industrial.

Se ha retrocedido por lo menos 10 años en lucha contra la pobreza y regresado a tasas de desempleo de hace dos décadas. Ante esta crisis el Gobierno ha abandonado buena parte de las responsabilidades propias del Estado Social de Derecho. Ha privilegiado a unas minorías a través de un exceso de confianza en las fuerzas de un mercado ineficiente y poco competitivo y no ha sido capaz de garantizar un buen equilibrio entre Estado, mercado y comunidad, en temas tan importantes como el saneamiento básico y los derechos fundamentales a la salud y la educación.

A la desconfianza histórica en las instituciones públicas por la corrupción y el clientelismo, se han sumado las acciones de este Gobierno, que alteran el debido equilibrio de pesos y contrapesos, y la independencia de las ramas del poder público, de los organismos de control y del Banco de la República.

Después de los avances logrados gracias al Acuerdo de Paz, bajo este Gobierno se han empeorado las condiciones de seguridad rural. Mujeres y hombres que actúan como líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas ante la evidente incapacidad del Gobierno para darles protección. Han crecido las masacres, el desplazamiento forzado, las víctimas de minas, y miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes, sufren de violencias que no se nombran ni se resuelven.

En medio de la crisis climática global y de la cada vez más clara evidencia sobre la relación entre la depredación ambiental y el surgimiento de pandemias como la del COVID-19, este ha sido un Gobierno incapaz de frenar la deforestación y de priorizar la defensa de la biodiversidad como nuestra mayor ventaja comparativa a nivel global.

Por todas las anteriores razones, no sorprende que Colombia esté afectada hoy por un Paro Nacional, que debe ser interpretado simplemente como la respuesta natural de una ciudadanía, y en especial de una juventud, que ve cómo unas fracturas sociales profundas se perpetúan y se ahondan, quitándole la esperanza, sin que la institucionalidad sea capaz siquiera de entender el problema, y mucho menos de resolverlo. Si algo ha dejado claro la actual coyuntura es que, no solo el Gobierno, sino todo el sistema político, se ha quedado corto para interpretar la realidad social.

Rechazando, como rechazamos, los actos de violencia de algunos de los protestantes, así como los excesos y las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, la Coalición de la Esperanza entiende el Paro Nacional como una causa esencialmente justa, que no debe excederse en el uso de instrumentos que, como los bloqueos, afectan los derechos de terceros que deslegitiman su causa, y que debe ser resuelta por las vías del diálogo y la negociación, en una ampliación de los canales democráticos. La Coalición confía en que, si las quejas populares son adecuadamente atendidas, Colombia saldrá fortalecida de la difícil situación que hoy vivimos.

Pero, para ello, Colombia necesita una acción colectiva para una transformación profunda, pacífica y responsable en el marco de las instituciones. Una acción política democrática, nacida de consensos de largo aliento que respeten las diferencias y permitan trabajar conjuntamente para superar sus problemas estructurales y coyunturales, fomentar la cooperación social y hacer las transformaciones que se necesitan. Hoy más que nunca las agendas pendientes que quedaron trazadas en la Constitución Política de 1991 y el Acuerdo de Paz tienen que ser materializadas.

Será necesario poner en marcha un nuevo pacto social para consolidar la paz, la democracia, la justicia, la soberanía nacional, el bienestar y cuidado común, la equidad y la inclusión, el desarrollo sostenible, el ordenamiento territorial y la productividad económica, que además nos permitirá avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ante la crisis que enfrentamos, la Coalición de la Esperanza propone el siguiente conjunto de principios programáticos para recuperar la confianza en la democracia, poner la economía al servicio de la ciudadanía, proteger nuestra biodiversidad y proteger la ciudadanía y los territorios. La sociedad colombiana reclama un cambio.

Recuperar la confianza en la democracia:

I. Estado confiable: La confianza de la ciudadanía en las instituciones ha sido erosionada por la corrupción estructural del sistema político, la compra de votos y el clientelismo. Por eso hay que recuperar el papel protagónico de la ciudadanía en la política. No se lucha contra la corrupción con discursos sino con el ejemplo. Desde orillas distintas hay evidencia de que es posible hacer política limpia, tratar los recursos públicos como sagrados y someter las acciones y decisiones al escrutinio público y al control social. Recuperar la confianza en la democracia exige defender el acceso de toda la población a la política y a la toma de las decisiones institucionales, y convocar a participar, especialmente, a quienes nunca han ejercido su derecho al voto o han estado alejados de los mecanismos de participación ciudadana. Implica, también, hacer una reforma profunda a la política que pase por garantizar la independencia del Sistema Nacional Electoral, fortalecer la responsabilidad de los elegidos con sus electores, transformar el sistema de financiación de campañas y superar el clientelismo. Es el fortalecimiento del control de la ciudadanía a través de las veedurías, el escrutinio y el acceso a la información lo que permitirá garantizar transparencia, usar eficazmente los recursos públicos y luchar de manera efectiva contra la corrupción. Recuperar esta confianza pasa también por poner en marcha una reforma estructural a la justicia que asegure su celeridad, independencia y capacidad territorial.

II. Por un ejercicio libre de la democracia: Proteger la democracia de las tendencias autoritarias y de la concentración de poderes exige que sus reglas sean asumidas por toda la ciudadanía y, de manera especial, respetadas por quienes gobiernan. Esta coalición asume ese postulado. En este sentido, se asegurará la efectiva separación de poderes, la real independencia de los órganos de control, y el potenciamiento de la participación ciudadana y las veedurías. Las reglas de la democracia no se pueden someter a la orientación o a la agenda de una fuerza política particular, por lo que se debe garantizar que éstas no se alteren sobre la marcha para favorecer las aspiraciones e intereses de unos cuantos. Además, para garantizar que la democracia colombiana no esté a la medida de unos pocos, es fundamental proteger la libertad de prensa, la expresión crítica de la oposición y potenciar, de manera sustancial, la formación ciudadana de toda la sociedad. La democracia no debe ser nunca capturada por las fuerzas autoritarias que cierran las puertas a verdaderos diálogos.

III. Igualdad de derechos: Si bien en la Constitución está enunciada la igualdad de derechos, la realidad es que esta no se ha materializado. Esta coalición defenderá y garantizará los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas y no excluirá, discriminará ni estigmatizará a nadie por razones de género, etnia, pertenencia a poblaciones afrocolombianas, clase social, edad, opinión política o filosófica, religión, orientación sexual, identidad género, origen territorial, o nacionalidad, entre otras. Esto implica poner en marcha medidas concretas de acción afirmativa frente a estas poblaciones.

IV. Inclusión socio económica: Los privilegios del lugar y la familia en la que se nace, el estrato socio económico y la educación a la que se accede determinan en gran medida las oportunidades y el desarrollo social y económico. Esta coalición luchará contra toda discriminación y privilegiará la intervención pública en favor de la población y los territorios en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

V. Implica el reconocimiento de que las mujeres como ciudadanas autónomas, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, son sujetas plenas de todos los derechos y libertades, sin discriminación por ningún motivo, incluido el de orientación sexual o identidades de género diversas, y que por tanto deben tener las mismas oportunidades y disponer de un entorno que les permita conseguir la igualdad en la democracia, el desarrollo y la paz. En especial, esta coalición promoverá políticas y desarrollos institucionales para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos, la realización del derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres, niñas y adolescentes, superar las brechas económicas y sociales, garantizar su autonomía económica, asegurar el acceso igualitario al mercado laborar y a la tierra; reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, y romper las barreras invisibles en todos los espacios de la vida social, y en especial en la toma de decisiones públicas, avanzando de manera decidida hacia la paridad. Se promoverá la educación en la ética del cuidado; una vida libre de violencias, especialmente la intra-familiar; la garantía plena de la salud y los derechos sexuales y reproductivos; y la atención a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.

VI. Enfoque territorial: Colombia es un país de regiones y las políticas centralistas formuladas por el nivel nacional desconocen las realidades diversas de cada población, ciudad y territorio. Es sabido que cada región tiene distintas características, lógicas, necesidades y prioridades y para potenciarlas es prioritario profundizar la descentralización y la autonomía territorial, fortalecer y equilibrar las competencias, la capacidad fiscal y la adecuada financiación de los entes territoriales, y avanzar en la redefinición de la organización política y administrativa del país y en la democracia participativa. Se consultarán las especificidades locales y se promoverá la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. El cierre de brechas entre territorios es una tarea pendiente en Colombia y hasta que no se aborde debidamente, la desigualdad seguirá aumentando.

Poner la economía al servicio de la ciudadanía:

I. Concepción social de la economía: Se debe garantizar un buen equilibrio entre Estado, mercado y comunidad, asegurando el rol proactivo del Estado en la provisión de las mejores condiciones de vida, la igualdad de oportunidades y la regulación de la actividad económica en función del bien común, la economía colaborativa, social, cooperativa, solidaria y empresarial, así como en la prevalencia del interés general sobre el particular. En consecuencia, se superará la ley del más fuerte en las relaciones económicas y en el acceso a los servicios de protección social.

II. Política social activa: La política social debe ser la expresión de la voluntad del Estado para favorecer el acceso de la población al ejercicio pleno de sus derechos, y de su capacidad para generar las condiciones mínimas que permitan la autonomía y el desarrollo individual y colectivo. Esto implica promover una red de seguridad social efectiva que incluya la protección a la vejez, y fortalecer las políticas de salud y educación. Nunca más la política social será usada con propósitos clientelistas ni populistas.

III. Defensa de la libertad económica: Se protegerán y fomentarán la libertad de empresa, el libre intercambio de bienes y servicios, la propiedad privada la productividad, la innovación, la competitividad y la generación de empleo digno, como bases fundamentales para el aumento de la riqueza, el crecimiento económico, el bienestar, la justicia social, el bien común y la sostenibilidad ambiental.

IV. Una educación universal y de calidad: Se materializará el derecho a la educación, en todas las modalidades y niveles, como uno de los principales instrumentos para reducir la desigualdad y la pobreza, propiciar la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, y formar una ciudadanía comprometida con el progreso, la democracia y el desarrollo cultural. Una educación que promueva el protagonismo de la juventud en el cambio y reconozca y valore la dignidad de los docentes. Se promoverá el derecho a la educación pública universal con una adecuada financiación, que garantice las condiciones para el acceso, permanencia, calidad, continuidad y atención diferenciada, de acuerdo con las necesidades y dinámicas propias de las regiones. Es la educación la que permitirá aprovechar el capital humano como la principal riqueza del país.

V. La salud será una prioridad: La vida digna empieza con el derecho fundamental a la salud. Se hará una reforma profunda al sistema, que durante la pandemia ha mostrado sus múltiples falencias y el desgaste del modelo actual, tales como la falta de acceso real de vastos sectores, la prestación del servicio con el exclusivo ánimo de lucro por la existencia de incentivos perversos en el sistema, la corrupción, la falta de disponibilidad de medicamentos, instalaciones, e insumos y la desatención a la salud mental. Una política integral de salud debe recuperar el rol central del Estado en el sistema de salud, por ejemplo, a través de la promoción de hábitos saludables, el fomento a la salud preventiva, la atención domiciliaria, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la adecuada financiación, una mejor regulación y control del sistema, la atención a los determinantes sociales de la salud, y el énfasis en la atención especial a las mujeres, niños, niñas, adultos mayores y población vulnerable. La reforma deberá contar con la participación activa e incluyente de todo el personal de la salud, al cual hay que garantizar sus derechos, una remuneración adecuada y oportuna y facilitarle su permanente cualificación.

VI. Enfoque por la equidad y la generación de empleo: El país puede y debe sacar de la pobreza a millones de personas y salir de la lista de los más desiguales del mundo. La convergencia promoverá la generación de riqueza y la equidad de ingresos, género, territorial y étnica. Se dará especial atención a la población campesina, indígena, afrodescendiente y raizal, y a la población migrante de países vecinos. Es necesario mejorar el nivel de vida general, así como defender y promover los derechos económicos y sociales. Se promoverá la generación de fuentes de empleo de buena calidad, incluyendo los garantizados por el Estado y los generados por una estrategia de desarrollo productivo; una red adecuada de protección social y del cuidado; la eliminación del hambre y la pobreza extrema; la reducción de la desigualdad y de brechas la dotación de bienes y servicios públicos básicos como el agua, el alcantarillado, la disposición de residuos y la habitación digna; y en general la garantía de condiciones de bienestar, equidad e inclusión social y económica. Para lograrlo se pondrá en marcha un programa de ingreso básico sostenible fiscalmente. La educación tendrá como objetivo generar conocimientos y habilidades que posibiliten el acceso a nuevas y mejores oportunidades en los mercados laborales, la creación de emprendimientos y la innovación, teniendo como bandera el respeto por las ramas del conocimiento que cada individuo adopta para desarrollar su proyecto de vida.

VII. Responsabilidad económica del Estado: El Estado tiene una responsabilidad económica irrenunciable, representada en su facultad de intervenir y regular la economía para respaldar y promover la producción nacional y el empleo formal, proveer acceso en igualdad de condiciones a bienes y servicios de interés colectivo, asegurar la transparencia en la información de mercado y generar condiciones de equidad social y económica. Las intervenciones del Estado en la economía se harán con el objetivo de promover el crecimiento, reducir la pobreza y la desigualdad, reducir brechas territoriales y poblacionales, generar condiciones para el pleno empleo y promover el bien común, de modo tal que la economía no beneficie a unos pocos. El Estado tiene la tarea de proveer la formación de recursos humanos, extender el conocimiento y los avances tecnológicos, e impulsar el emprendimiento y la innovación. Se preservará la propiedad estatal sobre bienes y recursos estratégicos. Además, debe abrir canales de financiamiento y sistemas de aseguramiento apropiados a las condiciones de los sectores productivos y a la creación de iniciativas empresariales, contribuir a la apertura de nuevos mercados para la oferta de bienes y servicios nacionales y dotar a las regiones de la infraestructura necesaria para que el sector productivo pueda florecer y competir exitosamente. Esta infraestructura incluye, por ejemplo, fuentes de energía, vías de comunicación y estímulos a la innovación, en colaboración con el sector privado. Esta responsabilidad se extiende de manera preferente al campo colombiano, que ha sufrido las economías ilegales, el abandono institucional y los peores índices de pobreza, condiciones que además han puesto en peligro la paz y la seguridad alimentaria

VIII. Política macro económica responsable: Se pondrá en marcha una política macro económica que contribuya a superar la crisis que vive el país. Esa política debe garantizar el desarrollo económico y social, aumentar la productividad regional y nacional, multiplicar tejido empresarial y del empleo, fortalecer el mercado interno y del potencial de exportación, y con un manejo macroeconómico responsable frente a la tasa de inflación y los déficits fiscal y externo.

XIX. Justicia tributaria: Se establecerá un sistema tributario progresivo, equitativo y eficiente al que las personas contribuyan según sus ingresos y su riqueza, que privilegie los impuestos directos sobre los indirectos, en particular sin afectar la canasta familiar; que privilegie el recaudo con impuestos sobre las personas más que sobre las empresas; que grave más severamente la renta de los grandes capitales personales, por ejemplo a través de mayores impuestos a los dividendos, las herencias y la riqueza; y que elimine las exenciones injustificadas. Nunca más un sistema tributario que grava especialmente a la clase media y trabajadora y a los sectores populares. Es hora de que la tributación contribuya a lograr la equidad, a redistribuir, a disminuir brechas, a fomentar la solidaridad entre los distintos sectores de la sociedad, y a controlar eficazmente la evasión y la elusión. Para erradicar la corrupción en el sistema tributario y mejorar la gestión de las instituciones a su cargo se hará una reforma profunda a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; se formará y actualizará el catastro para fortalecer el recaudo de los entes territoriales; se fortalecerán las competencias y las instituciones locales encargadas del recaudo; y se ampliará la transparencia mejorando el control ciudadano a la gestión tributaria.

X. Fortalecimiento de la producción y del mercado nacional: Se desarrollarán políticas de fomento a los distintos sectores de la economía nacional incluidos el agro y la industria para atender y combatir sus problemas específicos a través de la diversificación, la generación de valor agregado y la inserción del aparato productivo en cadenas de valor, atendiendo las particularidades propias de nuestros mercados. En particular el sector agrario será fundamental tanto para la reactivación económica como para impulsar, desde allí, la diversificación económica y productiva de la nación. La coalición fomentará un proyecto económico nacional propio que promueva la innovación tecnológica, la productividad y el empleo, y que permita competir de manera justa en la economía global. Se buscará una internacionalización de la economía que no vaya en contra de la producción nacional y el desarrollo del mercado interno, donde los beneficios de la globalización sean compartidos y se buscará atender a quienes sufran perjuicios. Se promoverán las exportaciones con valor agregado, la integración regional, y la diversificación de las exportaciones y de los socios comerciales. Para lograr una integración justa al entorno internacional y a los intereses del país, se revisarán los tratados de libre comercio, en el marco del cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia.

XI. Apoyo a la cultura como fundamento de la identidad nacional:  Se promoverá el acceso a bienes y servicios culturales, se hará un plan nacional de desarrollo cultural que recupere y promueva la diversidad cultural de las regiones y sectores sociales, se asegurará la generalización y adecuadas condiciones de vida para la labor de gestión cultural y condiciones adecuadas de vida con garantías laborales para el personal de la cultura en todas sus manifestaciones. Se dotará la cultura de una infraestructura adecuada a todos los niveles con la participación activa de trabajadores y trabajadoras. Se promoverá el apoyo, defensa y conservación del patrimonio cultural. Se apoyarán las nuevas formas culturales propias de la juventud y se incorporarán programas culturales como parte de la educación a todos los niveles.

XII. Fomento del deporte como elemento de cohesión social: Se impulsará la generalización de la actividad deportiva en la educación, los territorios y localidades. Se asegurará la construcción y uso adecuado de la infraestructura del Estado para las actividades deportivas. Se fomentará la emulación y cooperación en actividades deportivas que fomenten la cohesión social y la convivencia ciudadana. Se apoyará el talento nacional para participar en actividades deportivas a nivel nacional e internacional.

Proteger la biodiversidad:

I. Responsabilidad intergeneracional y sostenibilidad ambiental: Es urgente asumir un enfoque de largo plazo que permita entender los impactos y consecuencias de las acciones e intervenciones humanas, reconociendo que los recursos naturales son finitos. No es posible seguir planteando soluciones de corto plazo en perjuicio de las generaciones actuales y futuras. Es fundamental reconocer que el ser humano es una más entre muchas especies. Esto requiere un tipo de desarrollo que cree alternativas respetuosas con la naturaleza y con las comunidades que han sabido convivir con ella y que reconocen la dependencia de la especie humana con la biodiversidad. Todos los esfuerzos de la coalición estarán dirigidos hacia el logro de la sostenibilidad, la búsqueda de un equilibrio entre regulación justa, crecimiento económico, protección y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y bienestar social. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad ahondan la desigualdad en Colombia y suelen tener las peores consecuencias para las poblaciones y territorios más vulnerables y profundizan las amenazas para la vida en el planeta. Esta coalición priorizará la mitigación y adaptación al cambio climático. Se adoptará un rol más activo en las discusiones globales por la justicia climática.

II. Economía verde: Es necesario y urgente producir y aprovechar, de forma sostenible, consciente y crítica, la enorme riqueza natural y social del país. Es fundamental establecer un sistema de producción y consumo que garantice la provisión de los recursos y condiciones necesarias para la supervivencia humana y la protección de los sistemas naturales que sustentan la vida. Por eso se desarrollarán economías verdes, circulares y sustentables, respetuosas del medio ambiente, que permitirán superar el modelo económico que arrasa los hábitats naturales; destruye los ecosistemas y la biodiversidad, así como las formas de vida de las comunidades que dependen de y han cuidado estos ecosistemas; contamina los elementos esenciales para la vida, como son el aire, la tierra y el agua; agrava la crisis ambiental; y aumenta la incertidumbre sobre condiciones del planeta y la probabilidad de eventos naturales de graves consecuencias sociales. Se consolidará un sistema de gobernanza del agua con las instituciones, el sector productivo, la academia, y la sociedad civil.

III. Avanzar de manera decidida hacia la descarbonización: Se formulará un plan para la descarbonización y se iniciará su ejecución en todos los sectores. Eso implica avanzar de manera ambiciosa en la transición energética para diversificar las fuentes de energía y dejar de depender del consumo, extracción y la exportación de combustibles fósiles. Se promoverá un diálogo internacional sobre la necesidad de impulsar la cooperación global para coordinar y apoyar una transición justa con países que como Colombia han dependido de este tipo de combustibles.

IV. Protección y regeneración de los ecosistemas: Una de las mayores contribuciones de Colombia a la solución global de la crisis climática pasa por revertir las tendencias de degradación, incluyendo la deforestación, el acaparamiento ilegal de tierras baldías, y la expansión de la minería legal e ilegal en zonas de alto valor ecosistémico, y por conservar las áreas estratégicas que prestan imprescindibles servicios ambientales al planeta. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y el compromiso con su protección tiene que ser irrenunciable.

V. Principio de precaución: Las decisiones se tomarán priorizando la protección de la vida y los sistemas que la sustentan. En particular este principio guiará las decisiones en casos de incertidumbre en cuanto a los impactos de las intervenciones en los territorios de mayor valor ecosistémico y social. La orientación de toma de decisiones y de las directrices de la política pública será dada por la transición hacia una sociedad y economía que contribuya al sostenimiento de la vida y la protección y regeneración de los ecosistemas estratégicos. El derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa será siempre respetado y protegido.

Proteger la ciudadanía y los territorios:

I. Construcción de una paz estable, duradera y completa: Construir la paz y la reconciliación implica trabajar con quienes piensan diferente sin estigmatizaciones. Esta coalición está comprometida con la implementación plena del Acuerdo de Paz con las comunidades. Entendemos que garantizar la no repetición del conflicto armado pasa por destinar los recursos necesarios para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, saldar la deuda histórica con la ruralidad que ha estado sometida al abandono y la pobreza, asegurar la reincorporación efectiva de ex combatientes que han renunciado al uso de la violencia, garantizar la participación ciudadana y el ejercicio de la oposición, profundizar la cultura de convivencia pacífica y resolver el problema de las drogas de uso ilícito.

II. Nueva aproximación a la seguridad: El deterioro de la seguridad territorial y ciudadana demanda poner en marcha cuanto antes una nueva política integral de seguridad urbana y rural centrada en la protección de la vida, el desarrollo y bienestar, la integridad física, la honra y los bienes de toda la población, que combata los factores de la inseguridad como la desigualdad y la falta de derechos, y que garantice la presencia integral del Estado en todo el territorio nacional. El monopolio del uso de la fuerza tiene que estar en cabeza del Estado y no se puede permitir nunca más que esta función termine delegándose a través de oscuras alianzas en beneficio de intereses mafiosos. Nunca más ceder el monopolio del uso de las armas y el dominio de territorios a grupos paramilitares, guerrilleros y de crimen organizado. Nunca más la mezcla entre política y armas que tanto daño le ha hecho al país. Las personas que ejercen liderazgos y la defensa de causas sociales no pueden seguir siendo víctimas de acciones violentas y de la incapacidad del Estado para darles protección. Es mandato de estos tiempos superar la lógica guerrerista y patriarcal en la política de seguridad. Esto implica una reforma profunda al sector defensa y seguridad, así como a la justicia, que entienda el nuevo escenario de construcción paz y que permita recuperar la confianza ciudadana y la legitimidad. La seguridad requiere un esfuerzo serio, interinstitucional, participativo y sostenido de intervención en los territorios en función de la protección de los derechos fundamentales y del desarrollo social. Esta coalición se propone construir una sociedad sin miedo.

III. Superar la guerra contra las drogas a través de una solución integral: La guerra contra las drogas ha fracasado, profundizando la violencia, la corrupción y la pobreza, y ha deteriorado la calidad de la democracia. Solucionar el problema implica cambiar de enfoque y poner en marcha una política integral de drogas que se aproxime de manera diferenciada a los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico y la penetración de la cultura narco en la vida social, política y económica del país. Por eso avanzaremos decididamente en la regulación de todas las drogas para desarticular la red del negocio criminal del narcotráfico que ha alimentado, fuertemente, la violencia y corrupción. Hoy la evidencia es abundante para demostrar que quienes cultivan necesitan alternativas de desarrollo rural y de acceso a mercados; que es posible y muy rentable promover la investigación de usos alternativos como el medicinal y el industrial de este tipo de cultivos; que la judicialización debe concentrarse en los eslabones más poderosos de la cadena, particularmente en desarticular organizaciones criminales, incautar precursores químicos, atacar la corrupción y la financiación ilegal de campañas políticas, y perseguir el lavado de activos; y que el consumo debe ser abordado con un enfoque de salud pública y reducción de daños. Es una realidad que la solución a este problema no depende solo de Colombia y por eso se promoverá el desarrollo de un nuevo tratado internacional de drogas basado en la evidencia. Esta coalición de ninguna manera hará uso de la aspersión aérea con glifosato como mecanismo para la erradicación de cultivos de uso ilícito.

IV. Papel activo en el escenario internacional: La política exterior debe ser de Estado y no puede seguir guiándose por intereses partidistas que dividen a los colombianos y colombianas y ponen en riesgo la defensa de los intereses nacionales. Colombia debe promover el multilateralismo y desempeñar un papel activo en el escenario internacional ejerciendo responsablemente su rol en América Latina, en pie de igualdad con otras naciones, sobre la base de la defensa y el respeto a la soberanía, la solidaridad, la libre determinación de los pueblos, el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la integridad territorial e independencia política y la dignidad de todas las naciones, así como de los intereses de la región. Esta coalición se abstendrá de la amenaza o el uso de la fuerza y apoyará la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. Es momento de promover la integración latinoamericana y contribuir a formar una nueva agenda global de defensa de la democracia, reforma a la política contra las drogas, medidas para enfrentar el cambio climático, justicia social y económica, política migratoria y construcción de paz.

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Principios de la Coalición de la Esperanza

La Coalición de la Esperanza es una alternativa política y democrática que parte de un profundo sentido ético que guiará nuestras acciones en la campaña y en el Gobierno. Tenemos la convicción de que en política “no todo vale”. Los medios y fines están estrechamente ligados, unos y otros deben guardar coherencia y ser consistentes. Por eso, y para recuperar la confianza en la política y la democracia, asumimos los siguientes principios en todas nuestras actuaciones:

1. Construir colectivamente: Somos un proyecto de liderazgo colectivo que suma fortalezas ciudadanas, de movimientos y partidos políticos, organizaciones sociales y de líderes de orígenes diversos en las regiones y los territorios. Por eso no apelamos a modelos personalistas, que buscan fijar en el imaginario la figura de un líder mesiánico como centro de la construcción de la sociedad. La solución a los graves problemas que enfrenta el país depende de esfuerzos colectivos, complejos y continuados. Competiremos de manera fraterna y gobernaremos conjuntamente sumando nuestras experiencias y fortalezas.

2. Proteger la vida: Cada persona, por el hecho de existir, debe ser cuidada, valorada y respetada en su vida. La violencia a la que ha sido sometido el país exige superar la cultura de la guerra y constuir una nueva ética social y pacífica. Asumimos la no-violencia y la resolución pacífica de los conflictos como base fundamental de nuestra actuación política. Nada, y menos la política, justifica el uso de la violencia.

3. Privilegar el bien común y la equidad: En todas nuestras actuaciones privilegiaremos el bienestar general y la justicia social, y protegeremos a los más débiles . Rechazamos el ejercicio de la política como forma de conseguir el beneficio particular. La política pública debe estar orientada al servicio de la ciudadanía y no al enriquecimiento de unos pocos. Le daremos prelación a las políticas y proyectos que conlleven más beneficios para la población pobre y vulnerable.

4. Decir siempre la verdad: Rechazamos el uso del engaño, la difamación, la polarización, el odio y la demagogia para conseguir votos, mejorar la imagen o gestionar lo público. Haremos campaña y gobernaremos con base en la evidencia, el conocimiento y la experiencia. Rechazamos la política basada en mentiras para generar miedo e intolerancia. No haremos promesas que no podamos cumplir. Nos comprometemos a hacer transparente el acceso a toda la información pública y rendir cuentas a la ciudadanía sin distorsión, manipulación o falsedad.

5. Proteger los recursos públicos: La adecuada gestión de los recursos públicos demanda un proceso plural, metódico y responsable de planeación, que garantice eficacia y efectividad para lograr el bien común. El cuidado y mejor uso de los recursos públicos es y será nuestra obligación. El Estado no puede seguir siendo visto como botín de intereses privados. Cuidaremos siempre los recursos públicos como recursos sagrados, que son propiedad de la sociedad y no de quienes los administran. No aceptaremos ninguna financiación de campaña que implique comprometer nuestros principios éticos o programáticos. Nos mantendremos independientes de cualquier poder distinto al otorgado por el voto libre de los electores y rechazamos todas las formas generadoras de la corrupción pública como la compra de voluntades o la representación de intereses particulares.

6. Garantizar el diálogo y la participación ciudadana: En el ejercicio de nuestras acciones asumimos el deber democrático de abrir las cuestiones públicas a la participación e incidencia más amplia posible de la ciudadanía, como un mecanismo para garantizar la legitimidad y efectividad de las decisiones. Trabajaremos con la ciudadanía en la construcción de las propuestas para nutrir nuestras agendas, banderas y acciones. Nuestra lectura de las realidades territoriales, sectoriales y poblacionales estará siempre basada en la participación ciudadana. Esto implicará poner en marcha mecanismos para escuchar y respetar las voces y los saberes diversos de las distintas poblaciones y territorios, con el fin de escoger y recomendar las mejores opciones de inversión y ejecución.

7. Limitar el ejercicio del poder: Solo es posible proteger y profundizar la democracia si quienes gobiernan se someten a las mismas reglas que todos los demás. Por eso, defenderemos la separación de poderes y nos comprometemos a postular en todos los órganos de control a personas independientes cuya tarea sea defender lo público, y no al gobierno. Preservaremos la autonomía de la administración de justicia respecto de los intereses personales y políticos. Creemos en cumplir las reglas, incluso cuando eso implique limitar nuestro ejercicio público. Nunca buscaremos cambiar las reglas del juego democrático para concentrar poder. Siempre defenderemos la libertad de prensa, expresión y cátedra, incluyendo la de quienes nos critiquen. Asumiremos las consecuencias legales y morales de nuestras acciones u omisiones. Denunciaremos ante la justicia todas las actuaciones ilegales de las que tengamos conocimiento durante el ejercicio de nuestra actividad política.

8. Defender la libertad, la igualdad y la dignidad humana: El axioma ético que guiará nuestra acción política es que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Trabajaremos con enfoque de equidad para superar las consecuencias de la discriminación, la desigualdad material y las barreras en el acceso a los derechos de los distintos grupos poblacionales y territoriales.

9. Reconciliar y construir: Nos comprometemos a trabajar para reconciliar al país. Reconocemos y respetamos a quienes piensan diferente. Entendemos que la exposición pública razonada de las distintas visiones de país de manera serena, con espíritu de diálogo y con veracidad es la base para la calidad de nuestra democracia. Tendremos siempre disposición a oír, a corregir con capacidad de auto-crítica los errores, a aceptar los argumentos y a reconocer que nadie tiene el monopolio de las buenas ideas. Gobernaremos para todo el país y no solo para quienes depositen en esta coalición su confianza y su voto.

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Medida anunciada por Duque es positiva pero insuficiente, la universidad pública debe ser gratuita para siempre

Se le hizo tarde a este gobierno para plantear y ejecutar soluciones estructurales para la educación superior.

Por la presión de los jóvenes hace un anuncio importante, pero es una medida de corto plazo. Colombia sigue sin una propuesta integral de educación.  

Estoy de acuerdo con @marialopezuribe: NO HAY CUPO PA´TANTA GENTE. Tenemos colapso en la oferta, no de demanda. ¿Cómo van a superar las universidades el problema de oferta? Esa es la gran pregunta.

La demanda por una mayor cobertura no se está resolviendo. De 2017 a 2019 la cobertura se estancó. Además, en el segundo semestre del 2020 cayó la matrícula en 11 %. Peores cifras están por verse.

Además hay que pararse en las realidades de los estratos más bajos. Vienen con una preparación deficiente y ahí ya se reducen las posibilidades de “pelear” por un cupo. Y muchos de los que pasan deben estudiar y trabajar para sostenerse. 

Contenido relacionado: Las 5 propuestas de Sergio Fajardo para fortalecer la educación en 2021

La matrícula gratuita para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 por un semestre es un avance en esta coyuntura. Creo además que una vez planteada la gratuidad, no se podrá volver al modelo anterior.

Es un avance, pero no sustituye una reforma estructural.

Varios pensamientos:

1) Hay que refinanciar las universidades para poder generar más cupos. El costo de un estudiante en una institución pública no es sólo lo que paga en la matrícula. 

2) Los ingresos por matrículas son 1,1 billones al año, de los cuales cerca de 700 mil millones son de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Hay que poner estos recursos y muchos más.

3) La anunciada reforma del Icetex trae soluciones incompletas. Los estudiantes de bajos y medios ingresos en las universidades privadas no han tenido soluciones estructurales o ayudas. 

4) El Sena juega un papel fundamental en materia de educación y formación para el trabajo, pero sigue teniendo problemas de politización. El Sena debe dejar de ser un aparato burocrático con urgencia.

5) Hay corrupción en varias instituciones de educación superior pública, como la Universidad del Pacífico, y no hay un plan serio para atacar el problema.

Por eso, la medida anunciada por Duque es positiva pero insuficiente. La universidad pública debe ser gratuita permanentemente y no por un único semestre.

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8 claves para volver a la educación presencial

Por: Sergio Fajardo y el equipo programático de educación

Estamos ante una tragedia educativa nacional, y es poco lo que se está haciendo para evitarla. En marzo del 2020 más de 10 millones niños, niñas y jóvenes estudiantes de Colombia dejaron de asistir a clases presenciales.

13 meses después el efecto es devastador: el 92 % de los estudiantes de los colegios oficiales no asisten a clases de manera presencial. Se estima que la deserción escolar puede superar un millón de estudiantes en la educación inicial, básica y media.

En particular, se calcula que aumentará más del 50 % en las poblaciones más vulnerables.

Por ejemplo, según el Dane, en el pasado mes de febrero en ciudades como Riohacha, la deserción en educación básica fue del 23,5 %. La Asociación Colombiana de Universidades calcula que en el segundo semestre del año pasado la matrícula en educación superior cayó 11,3 %. Esto corresponde a casi 300.000 estudiantes

Las profundas desigualdades, ya presentes en nuestro sistema educativo, se han ahondado.

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE)  de la Universidad Javeriana menciona que el 63 % de los estudiantes de educación media del sector oficial no tiene computador ni internet en la casa. Esto imposibilita el aprendizaje remoto.

En agosto del 2020, de acuerdo con la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) y los cálculos de LEE, el 89 % de los estudiantes de nivel socioeconómico alto reportaron haber continuado con sus clases mientras que tan solo el 23 % de los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo reportaron dicha continuidad.

Respecto a las pruebas Saber 11 del 2020 se incrementaron las brechas entre los colegios públicos y privados.

Abadía, Gómez y Cifuentes  (2021) analizan que los resultados en las pruebas Saber 11 del 2019 presentaban una brecha de 24 puntos entre colegios públicos y privados y que esta brecha aumentó a 29,5 puntos en el 2020. Los consecuencias serán difíciles de revertir y cada día de inacción empeora el contexto.

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La inmensa mayoría de maestras y maestros del país han hecho un esfuerzo extraordinario para atender a sus estudiantes.

Esfuerzos que van desde tener que  adaptar al formato virtual una gran cantidad de temáticas y procesos pedagógicos que fueron diseñados para la escolaridad presencial, hasta tener que -con recursos propios- ayudar a las familias de estudiantes que no tienen el dinero para pagar datos de internet o conseguir material educativo. 

Según el Instituto Colombiano de Neurociencias, el 88 % de los niños y las niñas han sufrido efectos en su salud mental a causa de los aislamientos.

Las consecuencias negativas son incalculables. Esta situación tiene un alto riesgo de propiciar procesos que descomponen el tejido social.

La actuación del gobierno nacional ha sido muy pobre. En muchos países el retorno a clases es una prioridad nacional.

En Colombia estamos rezagados, con un liderazgo resignado, pasivo, que no aprende de otras experiencias, foráneas y nacionales, sin disposición a convocar a las comunidades para trabajar en conjunto y a desplegar todo tipo de iniciativas y recursos para construir una ruta de retorno a la enseñanza presencial.

En una emergencia como la que vivimos, de seguir como vamos y en lugar de aprovechar esta pandemia para mostrarle, por fin, al país la urgencia de hacer de la educación un gran proyecto nacional, vamos a terminar con una imagen más deteriorada de la comunidad educativa y con impactos negativos de gran calado.

Necesitamos que la educación sea valorada como una prioridad nacional y que las acciones gubernamentales se correspondan con la magnitud y la urgencia del problema

Por el momento, y frente a la crítica necesidad de volver a clases presenciales y empezar a recuperar lo perdido, proponemos: 

  1. Algo que hemos insistido desde hace meses, es necesario priorizar a los maestros y maestras para que hagan parte del segundo grupo de vacunación.
     
  2. Reconocer la gran contribución de las maestras y maestros al país. No es tarde para convocar a Fecode, y en general a todas las maestras y los maestros, a trabajar colectivamente, departamento por departamento, municipio por municipio, escuela por escuela, a ser parte de la solución de este reto gigantesco que tenemos como sociedad. En muchos lugares esto ya está sucediendo.
  3. Aumentar los recursos para hacer adecuaciones y dotaciones en los colegios, con mayores giros directos a estas instituciones, que sean supervisados por los padres de familia y el Consejo Directivo de cada colegio.
  4. Acelerar el proceso de apertura gradual de los colegios con todas las medidas y protocolos para el  cuidado de toda la comunidad educativa.
  5. Iniciar una búsqueda activa de niños, niñas y jóvenes que han desertado. El Ministerio de Educación reportó en octubre del 2020 que 102.880 estudiantes desertaron y muchos otros han dejado paulatinamente de asistir a las actividades virtuales. Necesitamos recuperar a estos estudiantes ya.
  6. Desarrollar un plan de recuperación del aprendizaje y el bienestar emocional. Este será un plan para los siguientes años que compense los efectos negativos en el desarrollo de los niños, a través herramientas de evaluación de los niveles de aprendizaje, tutorías a los estudiantes rezagados, inversiones en dotación tecnológica y conectividad, formación a los docentes, adaptaciones curriculares, adecuación de los calendarios académicos y más acceso a la financiación, especialmente, en la educación superior.
     
  7. Diseñar y adoptar currículos y métodos de enseñanza que permitan a las instituciones, a las maestras y maestros y a toda la comunidad educativa estar preparados para posibles cierres, procesos alternancia y presencialidad de acuerdo a cada región. La base de esto deben ser estudios de contexto que incluyan, por ejemplo, información sobre demografías en los colegios y condiciones de contagio locales.
     
  8. Aumentar la transparencia en el acceso a la información. Se debe saber con total precisión y prontitud cuántas personas han desertado, cuántos estudiantes están efectivamente asistiendo a clases presenciales o en alternancia, cuáles son los impactos en el aprendizaje, cuántos colegios están efectivamente listos para la alternancia y cuáles no, incluida la adecuación del modelo pedagógico para tener clases presenciales y a distancia, y cuál es el monitoreo del regreso a las clases.
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‘La inseguridad no se resuelve con cámaras, sino con intervenciones sociales de largo plazo’: Sergio Fajardo

Este Gobierno, que precisamente se ha vanagloriado del tema de la seguridad, no ha tenido capacidad para garantizar la seguridad en el territorio colombiano.

La seguridad es una condición para la libertad y para el desarrollo. Con miedo las personas no nos podemos desarrollar, nos vemos disminuidas y eso atenta contra la construcción de una sociedad justa para enfrentar las desigualdades, para enfrentar la pobreza.

La inseguridad que estamos viviendo hoy es fruto de redes criminales que están articuladas en múltiples dimensiones.

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Se requieren, por supuesto, herramientas tecnológicas, cámaras, se requiere una fuerza pública que esté atenta.

Eso también requiere algo que es también importante señalar: los alcaldes y alcaldesas tienen una obligación directa con lo que ocurre en las ciudades, pero solos no pueden.

La reincidencia aumenta la percepción de inseguridad y ese es un tema que tiene que ser tratado por la justicia en Colombia. La justicia nuestra no actúa y hay impunidad.

Y todo esto quiero señalarlo para que me entiendan: cada territorio tiene sus rasgos particulares, y la labor de una alcaldía es entender cada pedazo del territorio para entender cuáles son las condiciones sociales.

Debemos tener entornos protectores que nos ayuden a identificar la población vulnerable, aquella que es más propensa a ingresar al mundo de la criminalidad.

Todo eso lo tenemos que hacer de manera integral, atendiendo los problemas desde todas las dimensiones sociales, eso no se resuelve con un solo componente, no se resuelve con unas cámaras, se tiene que hacer de manera articulada.

Escuchen la intervención completa en el video.

Lee también: ‘Los menores son víctimas del conflicto, nunca máquinas de guerra’: Sergio Fajardo

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Las mujeres deben estar en el centro de la reactivación económica

La pandemia del covid-19 nos enfrentó con las desigualdades profundas que afrontamos como sociedad y, de manera especial, con la deuda que seguimos teniendo con las mujeres: con la satisfacción de sus derechos fundamentales, con su derecho a una vida digna, libre de violencias y con oportunidades reales en todos los campos.

En este contexto, si realmente  queremos como sociedad cerrar esas brechas de desigualdad, es indispensable también la construcción e implementación de políticas de reactivación económica y generación de empleo con una perspectiva de género.

¿Qué significa esto? Que debemos crear políticas y programas que atiendan a las mujeres en sus necesidades, que reconozcan el trabajo de cuidado no remunerado que recae mayoritariamente en ellas y se generen acciones concretas para recuperar y generar empleos de calidad para las mujeres. 

En enero de este año, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 22,7 %, mientras que la de los hombres estuvo en 13,4 %, brecha que evidencia las duras consecuencias que la pandemia ha traído para las mujeres. 

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Históricamente, las mujeres han tenido salarios más bajos

Históricamente  las mujeres han tenido menor acceso al mercado de trabajo formal, salarios más bajos que los de sus pares hombres y participación más amplia en sectores más precarios.

Adicionalmente, han tenido que sobrevivir con una sobrecarga de trabajo en tareas de cuidado no remuneradas que, además de ser injustas, limitan su participación en el mercado laboral.

Por ejemplo, previo a la pandemia, las mujeres ya dedicaban más del doble del tiempo que los hombres a trabajos no remunerados como son los oficios del hogar y el cuidado de familiares.

Es precisamente por esta precaria vinculación al mercado laboral y la sobrecarga de trabajo no remunerado, que las mujeres durante la pandemia quedaron sin trabajo en una mayor proporción que los hombres, el desempleo las afectó en mayor medida y los puestos de trabajo para ellas se están recuperando de manera más lenta que los de los hombres.

A pesar de estos profundos impactos diferenciados, las políticas actuales no toman esto en cuenta, y por el contrario continúan acentuando las brechas.

Si analizamos el Conpes 4023 para la reactivación económica, con el lente de las necesidades de las mujeres (que de hecho el diagnóstico del documento menciona), encontramos que se priorizan precisamente los sectores tradicionales, donde históricamente hay baja proporción de empleadas mujeres: sector transporte (42,4 %),  minas y energía (26,3  %) y construcción (7,2 %). Las mujeres representaban tan solo el 8 % del total de ocupados en estos sectores en el 2019. 

Es igualmente grave encontrar que, siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo durante la pandemia y por el incremento crítico de sus responsabilidades en trabajos de cuidado no remunerados, el plan de reactivación del gobierno no menciona, ni pretende atender el sector del cuidado para liberar a las mujeres de estas cargas y facilitarles su inserción en el mercado laboral formal.

Es decir que, de nuevo, estamos perdiendo como sociedad la oportunidad de aprovechar el talento de más del 50 % de la población y estamos evadiendo nuestra responsabilidad con la disminución de las brechas que afectan a las mujeres. 

Es necesario formular políticas con perspectiva de género

Estamos convencidas de la necesidad impostergable de formular todas las políticas, y en especial las de reactivación económica y empleo, con perspectiva de género. Es lo correcto.

Es necesario:

Invertir en la reactivación de los sectores en donde las mujeres participan en mayor proporción tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Recapacitar y reorientar a las mujeres hacia los sectores generadores de empleo digno en la “pospandemia”.

Priorizar la reapertura de los centros de cuidado y del sector educación con protocolos sanitarios apropiados que permitan reducir la carga de trabajo no remunerado.

Invertir en la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados entre el Estado, las empresas y las comunidades.

Adicionalmente se debe incentivar la creación de empleo para mujeres en el sector privado priorizando sectores fundamentales para nuestro país: servicios sociales para las comunidades; desarrollo y modernización agrícola; protección y conservación de los ecosistemas y diferentes áreas en clave del desarrollo sostenible.

La igualdad de oportunidades económicas para las mujeres debe ser la meta prioritaria de la humanidad y de nuestra sociedad. Nuestro compromiso está en reivindicar y garantizar los derechos de las mujeres para vivir libres y dignamente. 

*Texto preparado por la Mesa de Género del equipo de Sergio Fajardo, coordinado por Rosa Inés Ospina.

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Las niñas, niños y jóvenes necesitan volver al colegio

Las niñas, niños y jóvenes necesitan volver al colegio. Tenemos que detener la deserción, recuperar lo perdido para evitar una generación perdida. La vacunación nos va tomar años como van las cosas. Es urgente remediar los costos que está dejando esta pandemia en los estudiantes.

¿Cómo ha sido la educación en la pandemia?

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1) Antes del covid-19, la supervivencia escolar en Colombia ya era muy baja de cada 100 estudiantes que ingresan al grado primero, solamente 56 terminan el grado 11 en el tiempo oportuno; de esos 56, solo entran a la universidad 22, y de estos 22, solo 13 culminan sus estudios

En el país, el acceso, la permanencia y los resultados de aprendizaje varían negativamente, afectando principalmente a los niños, niñas y jóvenes procedentes de familias pobres que estudian en colegios oficiales.

2) Los efectos del covid-19 pueden ser dramáticos: se considera que la deserción podría aumentar en un 50 % para las poblaciones más vulnerables y que las pérdidas de aprendizaje para el 20 % más pobre de la población podrían ser de un 50 %.

Algo así como si se hubiera faltado a la escuela 5 de 10 meses posibles. La Unesco señala que “cuanto más tiempo los niños marginados dejen de asistir a la escuela, menos probable es que regresen. Los niños de las familias más pobres ya tienen casi cinco veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los niños de las familias más pudientes”.

3) A largo plazo, adicionalmente, la deserción y la pérdida de aprendizajes ocasionan una disminución en las retribuciones económicas en la actividad productiva futura; además, a nivel macro, el país podría perder más de tres años completos de su inversión en educación.

Por ejemplo, Hanushek y Woessmann señalan que “una pérdida de aprendizaje equivalente a un tercio de un año de escolaridad para una cohorte de estudiantes, de acuerdo con las relaciones históricas de crecimiento, significa un PIB 1,5 % menor en promedio para el año».

Las escuelas, además de contribuir al aprendizaje de habilidades cognitivas, son entornos de protección y desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas.

Las pérdidas por no asistir a la escuela son en capital humano, pero también en bienestar social.

Por estas razones, el regreso gradual a la escuela es prioritario, pero no a la misma escuela de antes del covid-19, sino a una escuela distinta, de tal manera que se recuperen los aprendizajes perdidos y se gane en calidad escolar para todos los estudiantes.

Conoce nuestras 5 propuestas para fortalecer la educación en 2021:

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Estas han sido las propuestas y acciones de Fajardo durante la pandemia

Sergio Fajardo tenía planeado recorrer los 32 departamentos del país en 2020 para escuchar a las personas y así empezar a construir su propuesta de gobierno para el 2022.

Empezamos el 2020 recorriendo Bolívar y el Eje Cafetero, pero la llegada del coronavirus a Colombia cambió los planes de todos. Ahora que se va a cumplir un año de haberse declarado la primera cuarentena en Colombia, queremos hacer una rendición de cuentas de lo que ha sido un año diferente, pero también muy productivo.

Durante el 2020, Sergio Fajardo participó en más de 100 entrevistas, en numerosos foros y conferencias nacionales e internacionales.

Además, publicó columnas en los principales medios escritos nacionales y en su página web, lideró 10 foros digitales de temas de fondo de la Escuela de Formación Política, construyó con los equipos programáticos 5 propuestas sobre economía, empleo, violencia contra jóvenes, y educación, así como nuestra visión sobre la equidad de género.

En semanas pasadas, presentó su visión macro sobre el panorama actual y futuro de Colombia con miras al 2022.

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1. Educación

En julio de 2020 presentamos la propuesta Estudiantes primero un programa que proponía otorgar un subsidio a la demanda educativa para atender a 1’750.000 estudiantes, de los cuales 1’475.000 harían parte de programas de educación superior universitaria, técnica y tecnológica, y los 300.000 restantes en formación técnico laboral.

Esta propuesta que fue elaborada con nuestros grupos de expertos en educación y economía. Fue, además, publicada por la reconocida revista Americas Quarterly en agosto de 2020.

A finales de diciembre publicamos un Plan de emergencia para  reactivar la presencialidad que presentaba 5 soluciones que permitirían reabrir las instituciones educativas en Colombia. 

2. Economía y empleo

En octubre de 2020, presentamos, de la mano de nuestro grupo programático (un equipo de expertos que nos asesora para construir nuestras propuestas), Empleo de emergencia ya, que trazaba una ruta clara para generar hasta 3,4 millones de puestos de trabajo de emergencia durante los próximos dos años.

También presentamos una Propuesta para enfrentar la crisis y para sanar las fallas estructurales de nuestro desarrollo que fue publicada en El Espectador el 20 de diciembre. 

3. Jóvenes y mujeres

En en el mes de agosto de 2020 presentamos una Propuesta para evitar el asesinato de jóvenes que proponía intervenciones integrales concretas para ofrecer oportunidades y cerrarle las puertas a la violencia. Esta propuesta surgió tras los asesinatos de jóvenes en Tumaco, Soacha y el Valle del Cauca.

En diciembre presentamos nuestra hoja de ruta para promover la igualdad de mujeres elaborada con nuestra mesa programática de equidad de género.

4. Diálogos con 24 departamentos de Colombia

La pandemia impidió viajar por Colombia pero facilitó que se generaran espacios de discusión y escucha con muchísimas personas y líderes de los diferentes departamentos.

Así, adelantamos 40 diálogos en los que tuvimos contacto con más de 400 personas en 24 departamentos de Colombia.

5. Posturas y pronunciamientos

Durante el año, Sergio Fajardo dio más de 100 entrevistas donde tomó postura sobre diversos temas de coyuntura de Colombia. 

Igualmente publicamos 10 columnas de opinión en los principales medios de Colombia y en nuestra página sergiofajardo.co. Estos textos tocaron temas como el papel de alcaldes y gobernadores en la pandemia y nuestras propuestas. A su vez, dedicamos tres columnas a EPM y Medellín.

Alrededor de la investigación de la Contraloría General de la República sobre Hidroituango, publicamos un comunicado (versión escrita y en video) y Sergio Fajardo otorgó numerosas entrevistas sobre este tema a medios nacionales y regionales.

 Algunas entrevistas de interés:

SemanaTV 

Noticias Caracol

Los Danieles 

6. Participó en más de 10 foros digitales sobre temas de fondo

Realizamos 10 espacios digitales por Zoom, Facebook y Youtube sobre temas de coyuntura con la participación de Fajardo y expertos. Ahí discutimos el impacto de la pandemia en sectores y temas a nivel nacional, se discutieron soluciones y las personas conectadas pudieron conocer la postura de Fajardo.

Los foros trataron sobre:

1.  La economía de Colombia en la coyuntura del covid-19

2. Apoyo la propuesta de renta básica

3. La ciencia detrás del covid-19

4. Los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres

5. La educación en los tiempos del covid-19

6. Durante la pandemia: ¿cómo está el medio ambiente? ¿cuáles son los retos y perspectivas?

7.  Ciudades: ¿qué nos enseña la pandemia? ¿Qué sigue?

8. Desarrollo Rural: ¿qué viene después del covid-19?

9. Foro Caribe: retos y perspectivas para el Atlántico

10. La ética en la política: bases fundamentales de Compromiso Ciudadano para gobernar

11. Empleo de emergencia: una propuesta para generar 3,4 millones de empleos en dos años

Igualmente, Sergio Fajardo participó en foros nacionales e internacionales durante estos 12 meses que incluyeron eventos como la celebración de los 50 años del INEM en Pasto hasta una conferencia sobre polarización en la Universidad de Harvard.

A principios de febrero de 2021, Fajardo participó en un foro de Revista Semana y expuso ahí su visión hacia dónde debe ir Colombia que evidencia su visión hacia lo que necesita hacerse ahora y hacia adelante. Ahí habló de las necesidades que enfrentamos en temas como seguridad, lucha contra la corrupción, la próxima reforma tributaria, medio ambiente, mujeres, empleo y pobreza para mencionar algunos.

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Las 5 propuestas de Sergio Fajardo para fortalecer la educación en 2021

Desde el 16 de marzo del 2020, cuando se cerraron las instituciones educativas, más de 9’900.000 estudiantes de educación preescolar, básica y media, y 2’400.000 de educación superior, convirtieron sus casas en la escuela.

Lee también: Las cinco claves de Sergio Fajardo para la educación en 2021

Para la mayoría, la ‘educación en casa’ no ha sido fácil, sus aprendizajes y procesos han dependido de las circunstancias sociales y económicas de sus hogares. Poco parece importar el impacto que tendrá la pandemia en las generaciones de niños, niñas y jóvenes estudiantes en estos días.

Como es habitual, la sociedad no reconoce el esfuerzo extraordinario de maestras y maestros en la educación pública, quienes se han echado sobre los hombros el trabajo con sus estudiantes, afrontando todo tipo de limitaciones y carencias.

Solo unas pocas familias privilegiadas con sus hijos e hijas en colegios privados han podido mitigar los efectos negativos. Así, cada día que pasa aumentan las brechas en el mundo de la educación, ampliando las ya profundas desigualdades sociales de nuestra sociedad.

Conoce también nuestro plan para evitar la deserción escolar y universitaria

¿Cómo ha sido la educación en la pandemia?

1) Antes del covid-19, la supervivencia escolar en Colombia ya era muy baja de cada 100 estudiantes que ingresan al grado primero, solamente 56 terminan el grado 11 en el tiempo oportuno; de esos 56, solo entran a la universidad 22, y de estos 22, solo 13 culminan sus estudios

En el país, el acceso, la permanencia y los resultados de aprendizaje varían negativamente, afectando principalmente a los niños, niñas y jóvenes procedentes de familias pobres que estudian en colegios oficiales.

2) Los efectos del covid-19 pueden ser dramáticos: se considera que la deserción podría aumentar en un 50 % para las poblaciones más vulnerables y que las pérdidas de aprendizaje para el 20 % más pobre de la población podrían ser de un 50 %.

Algo así como si se hubiera faltado a la escuela 5 de 10 meses posibles. La Unesco señala que “cuanto más tiempo los niños marginados dejen de asistir a la escuela, menos probable es que regresen. Los niños de las familias más pobres ya tienen casi cinco veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los niños de las familias más pudientes”.

3) A largo plazo, adicionalmente, la deserción y la pérdida de aprendizajes ocasionan una disminución en las retribuciones económicas en la actividad productiva futura; además, a nivel macro, el país podría perder más de tres años completos de su inversión en educación.

Por ejemplo, Hanushek y Woessmann señalan que “una pérdida de aprendizaje equivalente a un tercio de un año de escolaridad para una cohorte de estudiantes, de acuerdo con las relaciones históricas de crecimiento, significa un PIB 1,5 % menor en promedio para el año».

Las escuelas, además de contribuir al aprendizaje de habilidades cognitivas, son entornos de protección y desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas.

Las pérdidas por no asistir a la escuela son en capital humano, pero también en bienestar social.

Por estas razones, el regreso gradual a la escuela es prioritario, pero no a la misma escuela de antes del covid-19, sino a una escuela distinta, de tal manera que se recuperen los aprendizajes perdidos y se gane en calidad escolar para todos los estudiantes. ¿Cómo? Acá proponemos unas acciones necesarias y urgentes, realizables, para enfrentar este reto.

1. Programas de educación en los territorios

Colombia tiene 1.103 municipios, 950 con menos de 100.000 habitantes, de los cuales solo 96 tienen secretarías de Educación certificadas por el Ministerio de Educación.

Las secretarías departamentales tienen la responsabilidad de articular los programas educativos en sus territorios. El reto es construir en cada municipio, de acuerdo con sus particularidades, un plan de emergencia para regresar a las escuelas.

Lee también: Abecé de la propuesta Empleo de emergencia ya

Gobernadores y alcaldes, con rectores, maestras y maestros, comunidades de padres de familia, organizaciones de la sociedad civil pueden sentarse a diseñar en conjunto el plan, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las condiciones de bioseguridad que garanticen que las personas en la escuela estén totalmente protegidas.

Cada institución educativa presenta un plan de reactivación escolar, en el cual se identifican las condiciones y recursos mínimos para iniciar; se construye la red de escuelas municipales y se articulan para unir esfuerzos bajo la coordinación de la alcaldía y la gobernación.

El ministerio monitorea los avances, apoya con personal técnico, pone a disposición experiencias tanto nacionales e internacionales de procesos similares, y aporta los recursos económicos adicionales que se requieran para poner en marcha el programa de emergencia.

Una oportunidad única para articular Gobierno Nacional con los gobiernos regionales y locales. Es en los territorios, no en el escritorio en Bogotá.

2. Los maestros y las maestras son líderes sociales

Por lo general, nuestra sociedad no reconoce el valor de nuestros docentes. La pandemia, que tantas debilidades nos ha mostrado, no ha servido para que surja un reconocimiento nacional del valioso papel que maestras y maestros han jugado en esta crisis y en el desarrollo social.

La falta de conectividad y de acceso a computadores y dispositivos aumentó las inequidades educativas.

Sin embargo, a pesar de las brechas digitales, la resiliencia pedagógica de los docentes fue extraordinaria: diseñaron guías pedagógicas, usaron sus planes de datos personales para mantener a sus estudiantes activos, aprendieron a usar plataformas, produjeron videos, usaron la radio y la televisión como herramientas pedagógicas, trabajaron jornadas con horarios extendidos para atender todo tipo de necesidades de las familias, entre muchas otras tareas que realizaron.

Crearon un conocimiento pedagógico que hay que valorar, reconocer y aprovechar para hacer más efectivo el retorno gradual a la escuela.

Además, en estos tiempos difíciles, cada familia con hijos en edad escolar tuvo la oportunidad de apreciar el valor del trabajo de sus maestras y maestros y la relevancia de la escuela. Esta es una oportunidad magnífica para avanzar en el reconocimiento de la dignidad de nuestros docentes.

Una nueva actitud de los padres para participar en el proceso de formación de sus hijos. Las escuelas de padres se deben redefinir y aprovechar la experiencia y el aprendizaje asociado con la educación en casa.

Lee también: Cómo prevenir el asesinato de jóvenes en Colombia

Es clave el reconocimiento de maestras y maestros como líderes sociales, con relevancia en las comunidades donde trabajan, y un elemento central en dicho reconocimiento es hacer prioritaria la vacunación de maestros: en primera línea, junto con las personas del sector salud.

Estamos en el momento propicio para empezar una campaña nacional para mostrarle a la sociedad el valor de la educación a partir de nuestros profesores: con educación todo se puede, pero si la sociedad no reconoce la dignidad de maestras y maestros, nunca tendremos una buena educación.

3. Planes de estudio teniendo en cuenta la pandemia

A nivel nacional y regional se debe hacer, lo más pronto posible, un inventario de los procesos y materiales pedagógicos diseñados por los maestros y acelerar la conectividad y el acceso a computadores y dispositivos. 

Los planes de estudio y el calendario escolar no pueden ser implementados en el 2021 como si no hubiera pasado nada.

Hay que empezar por evaluar las pérdidas de aprendizajes y las necesidades sociales y emocionales del estudiantado, y no imponer una programación rígida centrada en los contenidos de las asignaturas.

Inicialmente, es urgente orientarse hacia la recuperación de lo perdido en aprendizajes y, posteriormente, centrarse en el desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y ciudadanas pertinentes para desarrollo social y productivo, según los niveles escolares y las regiones.

En el 2021, con mayor fuerza que antes de la pandemia, hay que organizar los currículos y la enseñanza centrados en los estudiantes y en el aprendizaje, teniendo en cuenta los contextos y las circunstancias actuales.

Simultáneamente, será necesario trabajar con los estudiantes las experiencias vividas dentro de los hogares durante la pandemia, las diferencias de roles y cargas de trabajo, la manera como tramitaron las diferencias y los riesgos de violencia hacia las mujeres en las familias, haciendo énfasis en la manera diferente como lo vivieron los hombres y las mujeres.

Igualmente, es importante señalar que muchos estudiantes van a abandonar los estudios y no van a regresar a la escuela, y si recordamos que el desempleo de jóvenes está cerca del 30 %, podemos ver que este es un problema muy serio que obliga, entre otras acciones, a diseñar planes especiales para buscar a los desertores del sistema escolar y traerlos de nuevo a las aulas.

Está en riesgo una generación de jóvenes que no estudian ni trabajan, y crecen sin esperanza.

4. Retorno a clase para apoyar a las mujeres

Muchas mujeres han perdido sus empleos; la última cifra del Dane señala que el desempleo de las mujeres es de 22 %, 10 puntos porcentuales, más de 10 % que el desempleo de hombres; además, están agotadas por las demandas del hogar y por el acompañamiento pedagógico a sus hijos.

El retorno gradual a la escuela también es un modo de acompañar la reactivación económica y contribuir a la participación laboral de la mujer. 

No sobra agregar que cerca del 67 % de los docentes son mujeres. Si las mujeres se mantienen al margen laboralmente, como supervisoras del aprendizaje de los hijos, sería un retroceso social muy grande en la lucha por la igualdad de género.

Tenemos que avanzar en compartir las tareas del cuidado y profundizar en la autonomía económica de las mujeres.

5. Necesitamos un gran compromiso nacional por la educación

La pandemia ha dejado al descubierto las fragilidades e inequidades de nuestra sociedad. En particular, estas profundas desigualdades en la educación son tangibles. 

Cualquier proyecto de país que busque construir una sociedad justa pasa por hacer de la educación un eje fundamental de la transformación de Colombia. Hoy corresponde tomar acciones de emergencia, pero la tarea crucial sigue pendiente: un gran compromiso nacional por la educación.

Este texto en un trabajo conjunto escrito por Sergio Fajardo, candidato presidencial; Rosa Inés Ospina, experta anticorrupción y en igualdad de género; Sandra García, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes; Germán Barragán, gerente de la Fundación Corona en la línea de Educación y Empleo; Piedad Caballero, exsecretaria de Educación de Cundinamarca y consultora e investigadora en políticas públicas, y Jaime Parra, consultor SED-Idep Bogotá. Profesor universitario.

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Nuestras propuestas para generar empleo y educación en la pandemia

Tenemos en frente un desafío sin precedentes en la historia económica del país (producto de la pandemia del coronavirus COVID-19), que nos obliga a unirnos para salir de la crisis fortalecidos, haciendo los grandes cambios que son necesarios en temas de empleo y acceso a la educación para los jóvenes.

Contracción y desempleo

El año 2020 cerrará con una contracción económica que superará la de 1999, hasta hace poco la peor crisis económica del país.

El número de desempleados asciende a 3,7 millones de personas, y la informalidad ha aumentado.

En ese escenario sobresalen los efectos devastadores de la crisis sobre las mujeres y los jóvenes.

Para dar una idea del impacto sobre las mujeres, su tasa de desempleo es 20,1 %, mientras el promedio nacional es 14,7 %. El desempleo femenino es ahora 10 puntos mayor que el de los hombres.

En el caso de los jóvenes, la tasa de desempleo estuvo cerca al 30 %, sin mostrar signos sólidos de recuperación. Este indicador es particularmente preocupante porque los jóvenes han enfrentado por largo tiempo la doble crisis del desempleo y la falta de oportunidades de educación.

Fallas estructurales

No se trata solamente de un asunto coyuntural. Colombia tiene fallas estructurales en su propósito de generar empleo, de aumentar de manera estable el ingreso de los colombianos y de reducir la pobreza y la desigualdad.

Teniendo en cuenta los efectos de la crisis, la pobreza podría estar afectando hoy a uno de cada dos colombianos.

Igual de frustrante es reconocer que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del ingreso en el mundo, un aspecto que mina la legitimidad del Estado social de derecho y las posibilidades de tener un mejor tejido social.

De preservar el rumbo actual, se permitiría que la crisis conlleve fuertes retrocesos sociales, quizás medidos en décadas.

Un panorama optimista depende de un cambio de rumbo

Un mejor panorama económico en el futuro depende de acciones ambiciosas y claras en el presente, implementadas con buen liderazgo político y con una articulación pragmática de las capacidades de los sectores público y privado (en los niveles nacional y regional), en lugar de responder a visiones que terminan traduciéndose en divisiones.

Debe reconstruirse el liderazgo político alrededor de un diálogo constructivo, que permita que todos los actores sociales del país puedan aportar a los propósitos nacionales sin que las diferencias de las ideas se tramiten en espacios de irrespeto, intolerancia o violencia.

Con esa visión, en el 2020 sumamos propuestas concretas al diagnóstico de la realidad del país. Presentamos “Empleo de emergencia ya”, un plan con estrategias que articulan el trabajo de los jóvenes, las empresas, las universidades e instituciones de administración nacional y local, para crear: (i) 1,4 millones de nuevos empleos, a través de 10.000 proyectos públicos de emergencia en dos años, y (ii) hasta 2 millones de empleos mediante líneas de subsidios y créditos asignados a las empresas, a través de una convocatoria competitiva.

Con esa visión, en el 2020 sumamos propuestas concretas al diagnóstico de la realidad del país. Presentamos “Empleo de emergencia ya”, un plan con estrategias que articulan el trabajo de los jóvenes, las empresas, las universidades e instituciones de administración nacional y local, para crear: (i) 1,4 millones de nuevos empleos, a través de 10.000 proyectos públicos de emergencia en dos años, y (ii) hasta 2 millones de empleos mediante líneas de subsidios y créditos asignados a las empresas, a través de una convocatoria competitiva.

https://compromisociudadano.com/abc-empleo-de-emergencia-ya-sergio-fajardo/

Presentamos también “Estudiantes primero” un plan para garantizar el cubrimiento total de la matrícula de los estudiantes de universidades públicas, para evitar la deserción educativa de miles de jóvenes en programas universitarios y de formación técnica en instituciones privadas y públicas.

Estos programas pueden complementarse con un ingreso básico para los más pobres. A cada colombiano pobre se le podría garantizar, por ejemplo, un ingreso mensual correspondiente a la línea de pobreza extrema. De esta manera, una familia pobre, compuesta por 4 personas, tendría garantizados 548.000 pesos mensuales.

Para enfrentar oportunamente la crisis y para sanar las fallas estructurales de desarrollo, es necesario contar con más y mejor gasto social, en especial en educación y salud, más y mejores inversiones en infraestructura y en ciencia y tecnología para el desarrollo agrícola, la reindustrialización, para la provisión de energías limpias y renovables, y para activar una sociedad del conocimiento.

No hay duda de que la multiplicación de esas inversiones sociales y productivas es esencial para el desarrollo del país. Claro, en el momento en el que se hacen, aparecen necesidades de financiamiento. La agenda económica de los próximos años incluirá, por lo tanto, reformas fiscales: de gasto público y tributaria. Fuera de una reestructuración del gasto, tendremos que contar con una estructura tributaria más progresiva y con la eliminación de exenciones tributarias ineficientes.

La estructura tributaria tendrá que ser cuidadosamente diseñada para incentivar correctamente la competitividad empresarial. A esa reforma debe sumarse una modernización de la DIAN, con herramientas más efectivas contra de la evasión y elusión de impuestos.

A diferencia de lo que se plantea en los extremos, estamos convencidos de que se pueden alcanzar mejores resultados en el desarrollo económico del país con buena coordinación del sector privado y el sector público. En una estrategia nacional, ambos son complementarios no sustitutos. En cualquier caso, es fundamental transformar la administración pública y luchar contra la corrupción, para evitar el deterioro que esta crea en la legitimidad de las instituciones del Estado.

Lea este texto en su versión detallada en El Espectador:

Sergio Fajardo (profesor y político de Compromiso Ciudadano), Gonzalo Hernández (profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Universidad Javeriana), José Antonio Ocampo (profesor de la Universidad de Columbia), Stefano Farné (profesor de la Universidad Externado de Colombia), Jorge Iván González (profesor de las Universidades Nacional y Externado), Mauricio Olivera (ex- viceministro de Empleo y Pensiones), Juan Alfredo Pinto (escritor y economista).

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Abecé de la propuesta Empleo de emergencia ya

¿Por qué es necesaria esta propuesta?

Porque la tasa de desempleo nacional refleja una profunda crisis social. La desocupación alcanza el 17 %, pero la cifra supera el 20 % en veinte de las 23 principales ciudades del país, afectando principalmente a las mujeres y a los jóvenes, quienes alcanzan niveles de desocupación del 22 % y el 28 %, respectivamente.

¿Qué pretende el plan de empleo de emergencia?

El plan de empleo de emergencia pretende generar 3,4 millones de puestos de trabajo, divididos así: 1,4 millones de empleos públicos y 2 millones de empleos que se recuperarían en el sector privado. Estos empleos se generarían en un plazo de dos años.

¿Cómo se lograría la meta?

Se crearían 1,4 millones de nuevos empleos desarrollando 10.000 proyectos públicos de empleo de emergencia en dos años, dando prioridad a la mano de obra no calificada y a las mujeres, los y las jóvenes, población afro e indígena.

Los dos millones de empleos restantes se crearían mediante subsidios y créditos a mipymes, empresas que recontraten personas despedidas entre marzo y septiembre de 2020 y empresas que contraten mujeres y jóvenes.

¿Dónde se crearían los puestos de trabajo?

En el caso de los empleos públicos, los recursos se asignarán desde el Gobierno a los 32 departamentos para que las gobernaciones abran una convocatoria para que los municipios presenten proyectos que, mediante presupuestos participativos, aseguren la participación de las comunidades y se haga una veeduría adecuada de los recursos.

En el caso de los fondos de recuperación del sector privado, se asignan por convocatoria del Gobierno Nacional a micro, pequeñas y medianas empresas. También a empresas que usen sus recursos para recontratar trabajadores despedidos durante la pandemia, a empresas que empleen jóvenes y mujeres, entre otros.

¿Qué ingresos podrían tener las personas a través de los proyectos públicos?

En el caso del empleo público, la implementación de los 10.000 proyectos puede crear 1 millón de empleos de salario mínimo, 200 mil empleos para jóvenes profesionales de 1,5 salarios mínimos y 200 mil empleos de medio tiempo.

De implementarse la propuesta, ¿esta reemplazaría el gasto social implementado por el Gobierno Nacional para atender la pandemia?

De ninguna manera. La implementación del programa no implica que los programas que ya tiene en marcha el Gobierno se acaban. Estamos en una situación de emergencia en la que el Estado tiene que intervenir y los esfuerzos implementados son necesarios.

¿Cuáles son los criterios de selección de los 10.000 proyectos públicos?

En relación con su impacto social, serán priorizados los proyectos de empleo de emergencia enfocados a:

1. La generación de empleo formal, especialmente de mano de obra no calificada,
2. El empleo de mujeres y jóvenes,
3. El empleo de afrocolombianos e indígenas y
4. El impacto de los proyectos en el bienestar social de las comunidades (con responsabilidad ambiental).

En relación con los sectores en los que se desarrollarán los proyectos, el programa priorizará:

1. Servicios sociales para las comunidades.
2. Desarrollo y modernización agrícola.
3. Protección, conservación y desarrollo ambiental.

¿Cómo sería la ejecución de los recursos?

El programa iniciaría con la ejecución de 25 billones de pesos: 15 billones de pesos para proyectos de empleo de emergencia y 10 billones de pesos para la creación de empleo en el sector privado. Dependiendo de la viabilidad financiera y la evaluación positiva del programa, se pondría en marcha la ejecución de hasta 25 billones de pesos adicionales. Ambas fases comprenderían un año cada una.

¿Qué mecanismos se utilizarían para financiar la propuesta?

Los recursos públicos estarían cubiertos por una adquisición directa de TES al gobierno por parte del Banco de la República, por un aumento de la emisión de TES en el mercado colombiano o a través de préstamos internacionales. 

¿Dónde puedo ver todos los detalles de la propuesta?

Puedes ver todos los detalles de la propuesta en la versión detallada del documento, que consta de 9 páginas que explican los criterios de selección, el modelo de estructuración y de ejecución de los proyectos de empleo público, así como los mecanismos de financiación de la propuesta. También tiene un apartado que explica con claridad cómo funcionaría el modelo de subsidios al sector privado.

¿Cómo garantizar la ejecución de los recursos con transparencia?

Las comunidades de los municipios, que plantearon los proyectos a partir de los presupuestos participativos de emergencia, recibirán reportes frecuentes y claros sobre el desarrollo de los proyectos de parte de las alcaldías municipales. Las gobernaciones harán seguimiento a la gestión de los proyectos del departamento con el apoyo del DNP. 

Los reportes de avance de proyectos deben ser públicos, razón por la cual el seguimiento debe hacerse mediante una plataforma a la que se pueda acceder a través de internet o por teléfono, que permita hacer denuncias anónimas sobre prácticas que afecten el desarrollo y la legitimidad de los procesos.

¿Cuál es el componente esencial y diferencial de la propuesta?

Un componente esencial de “Empleo de emergencia ya” es el papel protagónico de las comunidades, las poblaciones locales, las personas de las regiones, en el diseño, ejecución y veeduría ciudadana de sus proyectos. La construcción colectiva del salvamento económico y social del país, además de ser la forma de recuperar la confianza por la administración de lo público, es la forma de llegar con la más alta eficiencia a los resultados de bienestar y generación de empleo que necesita la sociedad. 

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Plan para evitar la deserción escolar y universitaria

Las cifras de desocupación en Colombia revelan una crisis sin precedentes, a las cuales se suma otra crisis: la de la deserción estudiantil. Alrededor de un millón de jóvenes tendrían que abandonar estudios de educación superior por falta de dinero. Por eso, proponemos que, como el mejor empleo para un joven es el estudio, y como un joven que deja de estudiar le genera un alto costo a la sociedad, hay que evitar a toda costa que abandone las aulas.

Para lograr lo anterior, queremos implementar ‘Estudiantes primero’: un subsidio a la demanda educativa para atender a 1’475.000 estudiantes, de los cuales 1’750.000 harían parte de programas de educación superior universitaria, técnica y tecnológica, y los 300.000 restantes en formación técnico laboral.

El plan pretende cubrir dos semestres de: toda la matrícula de 665.000 estudiantes de universidad pública de estrato uno al cuatro, 2 millones de pesos de auxilio semestral para 300.000 estudiantes de universidades privadas, subsidio de matrícula o manutención de 500.000 pesos semestrales para 210.000 estudiantes de educación superior técnica y tecnológica en establecimientos de carácter público o privado, dándole prioridad al SENA, y por último 500.000 pesos de subsidio para sostenimiento de 300.000 estudiantes de formación técnico laboral.

La asignación de recursos se haría tras establecer prioridades del programa: los beneficiarios más urgentes pertenecen a universidades públicas y estudiantes de la educación superior y de formación técnico laboral priorizados por el Sisbén que no sean beneficiarios de ningún otro subsidio directo a la educación.

Se elegirán estudiantes que comprueben que sus ingresos o los de sus familias no les permiten seguir estudiando por haber perdido el empleo durante la crisis. La inversión del plan, administrado por el Mineducación, ascendería a 1,3 billones de pesos por semestre, alrededor del 6 % del presupuesto destinado a educación en 2020. Asimismo, este tendría mecanismos de veeduría ciudadana para garantizar la transparencia en su implementación.

Es un plan ambicioso pero necesario, porque tenemos la oportunidad y la obligación de proteger a los jóvenes y sus familias, que componen el capital social y humano del país, mientras evitamos al mismo tiempo destruir la capacidad productiva de la reactivación económica.

El plan puede convertirse en un estímulo de iniciativas regionales y de instituciones de educación superior, que han buscado activamente soluciones para que sus estudiantes puedan seguir estudiando. Invitamos a gobiernos locales, instituciones educativas y empresarios a que se unan en este momento de crisis, en el que es esencial contar con la solidaridad en bloque de instituciones y ciudadanos.

Para ejemplificar lo anterior, hay un par de ejemplos necesarios y perfectamente viables. Primero, podríamos contar con un fondo empresarial para apoyar el transporte y la alimentación de los estudiantes, pues hay fundaciones empresariales que apoyan estas iniciativas. La idea sería conseguir 300.000 millones anuales.

El segundo punto tiene que ver con la irrupción de la tecnología digital, que justo ahora en medio de la crisis sanitaria pone el reto de acelerar la adecuación de lo virtual en el proceso educativo. Lo anterior debe articularse con la creación de programas educativos para trabajar en entornos digitales.

Hay que empezar desde ya a implementar programas de formación para trabajos que requieran conocimientos digitales. Desde ya estamos trabajando y no podemos esperar para implementar un plan que podría ser estructural, que mitiga los efectos de una crisis y que puede ser el cambio para una juventud que construya el futuro que se merece el país.

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Cómo prevenir el asesinato de jóvenes en Colombia

Como los jóvenes colombianos siguen cayendo en situaciones de violencia, tenemos la obligación de mejorar como sociedad para evitar el derramamiento de sangre. El problema surge por la falta de educación y empleos dignos. El 11 de agosto de este año, cinco adolescentes fueron brutalmente asesinados en Llano Verde, distrito de Aguablanca en Cali. Además de ese lamentable hecho, este año Colombia ha lamentado la muerte de sus jóvenes en Tumaco, Quibdó, Soacha, Samaniego y Bogotá.

Durante la pandemia, las sociedades se han esforzado en conservar vidas ante la calamidad de salud pública. En Colombia, el asesinato de jóvenes nos recuerda que hay un grande problema de orden público, asociado generalmente a la vulnerabilidad en la que viven miles de jóvenes en Colombia.

La ausencia del Estado en muchas zonas del país se refleja en una violencia de décadas, atizada por ausencia de oportunidades e infraestructura rurales, ausencia de educación, narcotráfico, corrupción, una obsoleta guerra contra las drogas y la incapacidad de fabricar un modelo de desarrollo que incluya a todo el mundo.

En Colombia, el asesinato de jóvenes nos recuerda que hay un grande problema de orden público, asociado generalmente a la vulnerabilidad en la que viven miles de jóvenes en Colombia.

Muchos jóvenes sobreviven en vulnerabilidad, que significa estar lejos de entornos protectores o no tener herramientas para construir proyectos de vida dignos que conduzcan a la autonomía mediante su naturaleza de seres humanos. A esos jóvenes y a sus condiciones de vida quiero referirme.

Pobreza, embarazo adolescente, desempleo, violencia intrafamiliar y de género, informalidad, mayor deserción escolar, abusos sexuales, matoneo y reclutamiento de menores a una criminalidad que controla la venta de estupefacientes y promueve su consumo, dicta normas de convivencia y controla el territorio son algunas de las condiciones que coexisten en esas comunidades vulnerables.

¿Cuál es la solución?

Foto: Jesús Abad Colorado

En general, quienes manejan las condiciones del entorno criminal son personas que nacieron en la misma comunidad y son, a su vez, referente para sus menores. Como no hay confianza en la poca o nula presencia institucional del Estado, son personas sometidas por el miedo y sin esperanza. Entender esto es fundamental para superar las condiciones sociales que causan estupor solo durante tiempo limitado, hasta que ocurre otra masacre.

Hay que atender las condiciones de vulnerabilidad de manera integral y simultánea, priorizando a los niños, niñas, jóvenes y sus familias, con el acompañamiento de fundaciones, organizaciones sociales, ONGs, iglesias y actores con capacidad de intervención. 

Las escuelas y colegios tienen que ser eje central en las intervenciones mediante la dotación de mejor infraestructura, docentes y equipos especializados en intervención social, para trabajar de manera articulada con líderes comunitarios y familias.

Los jóvenes que atraviesan dificultades generalmente requieren del soporte de alguien que los oriente y les muestra alternativas. Por eso, insistimos en la extraordinaria influencia que pueden llegar a tener los profesores en contextos vulnerables.

Hay que reconstruir el tejido social

Lo anterior no es suficiente. También hay que reconstruir el tejido social mediante el empoderamiento de la comunidad. Es decir, trabajar para que esta se convierta en protagonista de su desarrollo, mediante una herramienta como el presupuesto participativo. En este punto urge la articulación del trabajo con autoridades civiles para explicar a la sociedad las intervenciones en espacios vulnerables, destacar lo bueno e intentar atacar la estigmatización sobre sus habitantes.

Lo anterior necesita de la presencia de fuerza pública entrenada para el trabajo con las comunidades, es decir, una fuerza pública que no solo sirva para la represión y el choque con la población civil. La Policía en este caso debe construir lazos de comunidad con el territorio, mientras que hace inteligencia y judicializa las redes criminales de la zona.

En las zonas vulnerables también debe haber presencia de comisarías de familia, Defensoría de Derechos Humanos, Fiscalía, unidades de atención a víctimas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y similares. Por último, para implementar todos estos cambios es necesario que permanezcan en el tiempo sin interrupciones, por lo que resultaría fatal que un gobierno siguiente destruya los avances obtenidos.

Las administraciones locales necesitan del Gobierno, el cual debe participar en la implementación de programas de esta índole en todo el país, de forma tal que implemente recursos y personal de las alcaldías municipales para atender a los jóvenes vulnerables.