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Pronunciamiento a la opinión pública sobre el fallo del contralor Carlos Felipe Córdoba y decisiones de campaña.

Bogotá, 30 de noviembre de 2021.

Hasta hoy he mantenido mi defensa en reserva, pues consideré que era la mejor manera de proteger las instituciones, pero hoy creo que es fundamental hacerla pública. Es esencial que se conozca la verdad, porque lo ético, antes que renunciar a mi candidatura, es demostrar que quienes conducen hoy las ‘ias’ le hacen un juego nefasto al poder, a expresidentes y políticos importantes. Eso es corrupción y deshonestidad.

La decisión de la Contraloría no me inhabilita. De una u otra manera ahora los jueces tienen que revisar las manifiestas ilegalidades e inconsistencias. Se acabó el tiempo de las “ías”, hoy les corresponde a los jueces. Como el contralor Carlos Felipe Córdoba prejuzgó, anticipando el sentido del fallo, como ha dicho que la convención americana de derechos humanos no debe ser aplicada textualmente en Colombia, y como sabemos que nos enfrentábamos a su jauría, cumpliremos la cita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para materializar las medidas cautelares que solicitamos tiempo atrás. Nada nos impide seguir en la carrera por la Presidencia de la República. Convoco a todos los ciudadanos a que respondamos con altura y en democracia los ataques bajos y las arbitrariedades. Los invito a que nos alistemos para dar una respuesta contundente en las urnas. Vamos a seguir y vamos a ganar.

La confirmación del fallo de la Contraloría en segunda instancia no fue una sorpresa. Estaba anunciado, sabíamos cuándo se iba a hacer público. He usado y usaré todos los mecanismos legales para hacerles frente a las inconsistencias profundas del fallo y de la actuación de la Contraloría durante el proceso.

Y aunque no es una sorpresa, tampoco deja de ser una noticia difícil para mi candidatura. El propósito real es muy sencillo: suscitar dudas. Si lo investigan, “por algo será” y debe “estar inhabilitado”. Saben perfectamente que la confianza es la mayor riqueza que he construido en compañía de las personas con quienes he trabajado durante 22 años de vida pública. Y es a este punto, a la confianza, a donde dirigen todos los ataques.

He explicado, he hecho pedagogía, siempre dando la cara. Así he salido adelante de las situaciones difíciles en las que han tratado de poner en tela de juicio mi rectitud. Siempre he cuidado mis maneras, con rigor, respetando las instituciones. Son años de una lucha frontal y ardua contra el clientelismo y la corrupción. Intentaron tacharme de deshonesto, no pudieron y hoy tampoco podrán.

Esta vez es diferente. En otras ocasiones, al menos existía sutileza en las trampas. Pero este último año ya no se cuidan, no hacen el más mínimo esfuerzo por ocultar sus intenciones politiqueras. A pesar de todos mis intentos por mantener este proceso en el campo legal, ha sido el propio contralor quien se ha encargado de llevarlo al terreno político. Sería necio no verlo. Hace unos meses, la periodista María Jimena Duzán me confirmó que desde 2016 existe un ataque coordinado, planeado, me dijo “a Fajardo lo quieren joder”, y está asociado con el Cartel de la Toga.  Aprovecho y le pido al señor Gustavo Moreno, ahora que ha decidido colaborar con la justicia, que públicamente le informe al país ¿quién lo nombró fiscal anticorrupción? ¿Qué instrucciones le dieron? ¿Quién le dio las órdenes de hacerlo?

Un funcionario que decide de acuerdo a intereses políticos socava y destruye la confianza en las instituciones sobre las cuales se sostiene nuestra democracia. Cuando esta actuación se convierte en sistemática, el daño es enorme y las consecuencias irreversibles. Eso es lo que ocurre hoy. La corrupción ha alcanzado niveles inimaginables y esto tiene que cambiar. En los organismos de control y vigilancia hay gente honorable, gente valiosa que espera ser dignificada. Para ellos es urgente y necesario el cambio.

Carlos Felipe Córdoba no es un contralor, es una ficha política. Fue la mano derecha de Germán Vargas en las pasadas elecciones y tiene el apoyo de su paisano de Pereira, César Gaviria Trujillo. Su obediencia ya fue puesta a prueba en 2017 cuando, siendo auditor, presentó informes falsos e ilegales, sin tener competencia alguna, pretendiendo demostrar que en la gobernación había puesto la pauta a mi servicio y pagado favores a donantes de mi campaña con contratos. Todo se le derrumbó y el señor Córdoba nunca respondió por sus calumnias.

“Muchas gracias presidente Gaviria, al expresidente Pastrana, también le agradecemos al expresidente Uribe”, así arrancó su discurso de posesión como contralor y en ese mismo instante empezó una administración que no controla, sino que baila sincronizadamente con todo lo que le favorece a este mal gobierno. Es el mismo político que fue militante de las juventudes uribistas, secretario privado de Vargas Lleras, y que nombró a la esposa del fiscal como contralora delegada.

Aparte de estos entretelones políticos, el proceso ha estado plagado de insólitas irregularidades que hoy destaco ante la opinión pública. Nuestra defensa completa podrá ser consultada de manera permanente en nuestra página web y en las redes sociales.

Quiero destacar tres aspectos para mostrar el descaro y acomodo, o el acomodo descarado, del proceso en la Contraloría:

Primero: Juan Carlos Calderón España, bajo el manto de veedor ciudadano, permitió con un escrito suyo que la Contraloría General iniciara un control excepcional en el caso Hidroituango. El supuesto ciudadano y veedor preocupado por el interés público (¡oh sorpresa!) es amigo personal de Carlos Felipe Córdoba y un mes antes de pedir el control excepcional sobre Hidroituango, declaró en el Consejo de Estado a favor de su nombramiento como contralor. Y (¡oh sorpresa!), en el mismo mes lanzó su libro “El veedor, control social, medios y Democracia”, con prólogo de adivinen quién: el mismo contralor que defendió en el Consejo de Estado. A esto se suman trinos, contratos familiares en la Contraloría, y otras pruebas que fueron borradas pero que rescatamos. Todas estas son piezas del rompecabezas que llevan años armando para eliminarnos jurídica y políticamente.      

Segundo: la Contraloría cambió la acusación inicial en mi contra. Después de una supuesta y ardua investigación en la que invirtió tiempo y recursos, me acusaron por una sola conducta: no ejercer control. Entregué pruebas claras y contundentes. Hasta ahí debió llegar el caso. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando toda esa investigación no importó, cambiaron rápidamente el documento y terminé imputado por varias conductas diferentes.

Le reprochan a mi gobernación haber estado de acuerdo con la construcción de un tercer túnel. Pero miente la Contraloría al decir que la Junta Asesora de EPM lo contraindicaba. La Contraloría se negó a leer completos los documentos, se negó a oír a la Junta Asesora. Por esas mentiras, quien me condenó, Juliana Velasco Gregory, está siendo investigada por la Comisión de Disciplina Judicial. Otras cuestiones como la falta de multas a EPM o los imposibles avales de aceleramiento o de cambio de diseños por la Junta Directiva son artificios en la motivación de una condena en mi contra. 

Tercero: Córdoba nombró a quienes debían decidir en segunda instancia. Aquí aparece otro nombre clave en todo este entuerto: Cristian Castro, Contralor Delegado Anticorrupción. Castro fue designado ponente, pero tras un artículo de prensa que dejaba al descubierto sus vínculos políticos, fue retirado del caso e incluso se fue de vacaciones. Qué imparcialidad puede tener una persona que es ficha de César Gaviria, fue secretario general del Partido Liberal en Pereira, es ahijado político de Carlos Humberto Isaza, quien fue el Director de la Función Pública de Cesar Gaviria y es hoy contratista de la Contraloría? Y como si fuera poco, hace tan sólo un par de días, un día después de conocerse el fallo de segunda instancia, Castro comparte en su cuenta personal de Instagram un meme atacándome directamente usando a Yanfri, el niño que se hizo famoso en redes por su caminado. Textualmente dice el meme: “Ey Yanfri ¿vos por qué venís caminando así todo bonito, ombe? La Contraloría confirma que Fajardo es responsable por detrimento de $4.3 billones en HidroItuango”. Como lo he repetido en varias ocasiones, ya ni siquiera disimulan. No les importa el proyecto, ni que existan seguros, ni el riesgo para la comunidad de Ituango.

Necesitaban culparme, le temen a un cambio de poder hacía un gobierno en el que la contratación no sea un botín.

Colombia tiene que cambiar. La supervisión, control y fiscalización tiene que brillar para todos. Hoy la credibilidad de estas instituciones está por el piso. Con razón. La capacidad de investigar es baja, los tiempos no son razonables, la imparcialidad está en duda. Las investigaciones son selectivas, y se convierten en una tortura para millones de colombianos y eso debe cambiar. Reitero, hay mucha gente buena en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las entidades de control y vigilancia, pero el andamiaje hoy favorece al poder y al dinero. Y eso tiene que cambiar.

Hoy más que nunca, nuestra democracia depende de nuestro poder judicial, de nuestras Cortes, de nuestros jueces, hoy, el poder de las “ías” para hacerme daño (en estos casos) por fin terminó, inicia el tiempo de los jueces, al que nos sometemos con confianza, pero con respeto, respeto por la independencia.  Que quede claro, nunca he llamado ni directamente ni por interpuesta persona a magistrado o juez alguno, esa no es la justicia en la que creo. Creo en una justicia independiente en donde prevalezca la fuerza de la razón, y no la fuerza del poder y la arbitrariedad. Creo en una justicia sobria, rechazo a estos personajes que envilecen el servicio público. 

No puedo seguir siendo moderado frente a algo tan descarado. Es infame ser señalado por un fiscal que cree que hubiera podido predecir la volatilidad del precio del dólar, por un contralor que lleva años tratando de condenarme de cualquier manera. Voy a dar esta lucha porque tengo la tranquilidad que me dan 22 años de vida pública actuando correctamente. Sé muy bien a quiénes me enfrento en esta lucha desigual, pero no hay alternativa: así empezamos y así seguimos. Haciendo pedagogía, usando los recursos que nos da la ley, pero, sobre todo, apelando a la confianza que millones de ciudadanos nos han dado para seguir recorriendo el camino hacia el cambio. Gracias a todos los que nos han manifestado su apoyo, contradictores y amigos. Quisiera cerrar diciendo lo que he repetido desde hace muchos años: la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. 

Una respuesta a «Pronunciamiento a la opinión pública sobre el fallo del contralor Carlos Felipe Córdoba y decisiones de campaña.»

Si Dr. Fajardo. Tiene toda la razón. La falta de JUSTICIA en nuestro país se debe a la CORRUPCIÓN en todas sus formas. No acabaremos con ella, si no condenamos a cadena perpetua a todos los corruptos y les expropiamos todos sus bienes y los de su núcleo familiar.
Paso seguido, hay que independizar la carrera y los órganos judiciales, de los politiqueros. Debe ser profesional y basada en méritos de conocimientos y logros evaluados por un comité de ética formado por la Academia.

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